El rescate del Catatumbo

El rescate del Catatumbo

Abril 22, 2018 - 06:55 a.m. Por: Editorial .

A través de los años, la región del Catatumbo ha sido escenario de un conflicto que crece y tiene a sus habitantes como rehenes y copartícipes involuntarios en los delitos que allí se cometen. Ahora, lo que está sucediendo con el paro impuesto por una de las facciones en contra de otra de igual calado por el control territorial, reclama cambios para terminar con la tolerancia.

En esa región, lo que se habla hoy es de narcotráfico, de minería ilegal, de crímenes y combates entre el ELN y el EPL, y antes las Farc, organizaciones criminales que han crecido ante los ojos de las autoridades. Ellas obligan a sus habitantes a constituir asociaciones para rechazar la acción contra los cultivos ilícitos y la presencia de las instituciones legítimas, disfrazándolas con un ropaje político que les permite actuar, mientras las calles de sus veredas y municipios son escenarios de crímenes, de amenazas y de la ley del silencio que se aplica a quien se atreva a denunciar lo que está sucediendo.

Toda esa tragedia es alimentada por la frontera con Venezuela, convertida por su gobierno en plataforma para la exportación de cocaína, con la complicidad directa de muchos miembros de su guardia nacional. El resultado es un vacío innegable de autoridad llenado por los actores armados e ilegales, quienes actúan a discreción, mientras sus habitantes viven en constante zozobra sin posibilidades distintas a seguir los dictados de la delincuencia.

Así, el gran generador del problema del Catatumbo no es el narcotráfico. Es ante todo la ausencia del Estado que a través de los años, por décadas, se ha limitado a ejercer una soberanía formal sin atreverse a actuar de manera clara para acabar con la delincuencia. Es lo que se ve hoy, cuando la guerra a muerte de los dos grupos criminales más notorios ha desembocado en una batalla de la cual son víctimas los campesinos y los habitantes de los siete municipios que conforman la región.

Ello no quiere decir que se desconozca el poder de destrucción que tiene el tráfico de drogas ilícitas en el Catatumbo. Por el contrario, su capacidad de generar inmensas riquezas y la poca presencia del Estado para combatirlo son la causa de la violencia que allí se padece. Como sucede en el Chocó, en la frontera con Ecuador, esa es la realidad que desconoce la legalidad de manera rampante y pone en duda la legitimidad de nuestra democracia.

Frente a ello, el Estado no puede seguir como espectador. Su deber es garantizar la vida de los ciudadanos, el orden y la convivencia, valores desaparecidos hace muchos años del Catatumbo, salvo que se produzcan acuerdos entre las organizaciones ilegales. Y llevar alternativas de progreso y de tranquilidad distintas al nartcotráfico o la aparente redención que ofrecen los programas asistencialistas que no resuelven la pobreza crónica de quienes siembran la coca.

Al Catatumbo hay que rescatarlo de la tragedia. Su gente necesita de la presencia del Estado para transformar el horror que padece en la tranquilidad que garantiza fundamentos como el derecho a la vida y a la libertad, o la decisión inclaudicable de combatir cualquier forma de delincuencia.

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