El qué y el cómo

El qué y el cómo

Septiembre 19, 2017 - 11:55 p.m. Por:
Elpais.com.co

Durante muchos años, Colombia ha experimentado el daño que causan los problemas por los que atraviesa la administración de Justicia, así como la enorme dificultad para hacer cambios que mejoren el servicio. Ahora, los cada vez más frecuentes escándalos de corrupción obligan a pensar en la necesidad de tomar decisiones para hacer posible la renovación.

A pesar de los llamados urgentes de muchos sectores de la sociedad para que se actúe en procura de resolver los líos de la Justicia, se debe reconocer que no son nuevos. También es claro que no obedecen a los descubrimientos recientes sobre actos de corrupción mediante los cuales se venden decisiones y demoras en los procesos de carácter penal que adelanta la Corte Suprema contra miembros del Congreso o exintegrantes de esa institución.

Por el contrario, la situación viene de muchos años atrás e incluye acusaciones contra Magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, además de centenares de jueces, y miembros de la Fiscalía General de la Nación. En cuanto a los primeros, el gran debate ha estado en la necesidad de crear instancias transparentes para permitir el juzgamiento de conductas que merecen el escrutinio judicial, lo cual implica un nuevo concepto sobre el fuero constitucional que debe cubrirlos para impedir decisiones con carácter político que les impidan el cumplimiento de sus funciones.

Las inquietudes se extienden hacia la necesidad de revisar facultades que, como la posibilidad de participar en la elección de funcionarios, llevan a crear costumbres dañinas para la credibilidad y el buen nombre de esos magistrados, como el “yo te nombro tú me nombras”. Es una larga lista de asuntos, que motivaron muchas propuestas de reformas, las cuales murieron en su proceso legislativo o debido a la oposición de los Magistrados en sus fallos.

Ese es el qué del debate que se abrió a partir de un referendo propuesto por el Procurador General de la Nación y respaldado por el Presidente de la República y su Gobierno. Sin duda, hay que encontrarle soluciones a la institución más importante para la paz en Colombia. Más aún, cuando existen otras crisis, más agudas si se quiere, la del servicio a los ciudadanos del común, la crónica falta de recursos y el no cumplimiento de la obligación del Estado de impartir pronta y cumplida justicia.

Ahora, el país se sumerge en el debate sobre cómo lograr las reformas que resuelvan la precaria situación de la rama Jurisdiccional. Y se debe reflexionar sobre las preguntas que se propondrán en una consulta que, según parece, será realizada días antes de las elecciones para renovar el Legislativo y en medio de la campaña para escoger al próximo Presidente de la República.

A cambio de ello, parece oportuno pensar en la necesidad de reclamar al Congreso, al Gobierno y a los integrantes de la Justicia la obligación de ponerse de acuerdo para que se usen los instrumentos consagrados en la Constitución para tomar las decisiones que atiendan la necesidad de solucionar una de las crisis institucionales más agudas de nuestra historia republicana.

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