El primer paso

"El temor general es que la legalización propuesta sea usada también para el enorme y lucrativo negocio que florece alrededor de la marihuana, en Colombia y en diferentes partes del mundo, causando daños inocultables en la salud de muchos de sus consumidores y conflictos sangrientos entre las mafias dueñas del negocio ilícito".

En pocos días, el Gobierno Nacional sancionará el decreto que reglamenta el cultivo, la transformación y la comercialización de las distintas clases de marihuana con fines medicinales. Aunque parezca una decisión revolucionaria, la medida será el desarrollo de un largo debate en el cual han participado todas las tendencias del pensamiento y de la política colombiana.En efecto, y como lo aclaran los considerandos del proyecto de Decreto, la discusión se origina en la Convención única de estupefacientes de 1960, convertida en ley de la República en el año de 1974, y que recomienda “adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Convención en su territorio, con fines médicos y científicos”. Qué duda cabe sobre las bondades de explotar los contenidos de la marihuana para beneficiar a la humanidad y de paso desarrollar empresas, investigación y fuentes de empleo.El problema es el mismo que existe desde mucho antes de la Convención. Se trata del uso de la hierba como un estupefaciente más que en muchos casos se convierte en la puerta de acceso al consumo de drogas ilícitas con efectos letales para el consumidor y para la sociedad. Es esa característica, que ahora se disfraza con el eufemismo de llamarla “uso recreativo”, la que causa alarma en la sociedad y temores entre las autoridades y en muchos sectores del cuerpo médico.La verdad es que la marihuana con fines medicinales se consigue hace muchos años en las calles de Colombia sin mayores problemas. Y que, como lo relató el informe presentado por El País en la edición del pasado domingo, en muchos lugares se han creado empresas que elaboran productos para la salud a partir del cannabis en todas sus expresiones. Es posible deducir entonces que el decreto propuesto servirá para legalizar esas empresas, y darle orden en lo posible a futuros desarrollos.Pero las dudas subsisten alrededor de la capacidad del Estado para impedir que se sobrepase el marco que fija la norma. Dicho de otra forma, el temor general es que la legalización propuesta sea usada también para el enorme y lucrativo negocio que florece alrededor de la marihuana, en Colombia y en diferentes partes del mundo, causando daños inocultables en la salud de muchos de sus consumidores y conflictos sangrientos entre las mafias dueñas del negocio ilícito.Se dirá que el paso siguiente debe ser la legalización sin límites para combatir el lucrativo y mortal negocio. Pero nadie puede asegurar que la sociedad, por lo menos la colombiana, está preparada culturalmente para enfrentar el reto de esa liberación y su impacto en la salud y el comportamiento de muchos de sus posibles consumidores. Ese es el dilema moral y práctico que obliga a mantener la prohibición para evitar el riesgo a que se exponen los consumidores.En síntesis, que se reglamente el uso de la marihuana para fines medicinales parece necesario. Pero debe tomarse siempre y cuando el Estado sea capaz de impedir que se use para legitimar el enorme negocio del narcotráfico que causa daño a los consumidores y a la sociedad.