El peor de los males

Julio 02, 2017 - 07:00 a.m. Por: Editorial .

A veces se agotan las palabras para calificar las conductas que le hacen daño a la sociedad desde las instituciones que deben proteger los intereses públicos y buscar el bien común. Y no obstante la perplejidad que esas conductas producen, se hacen más necesario que nunca insistir en la búsqueda de mecanismos para combatir lo que parece ser un cáncer que entre otros efectos destruye la legitimidad del Estado.

Nos referimos a la corrupción que en múltiples facetas ataca los recursos públicos, desvía el papel de los organismos públicos y transforma en fuentes de enriquecimiento ilícito a las entidades encargadas de investigar y sancionar a quienes incurran en delitos. En concreto, a la caída del Fiscal encargado de perseguir la corrupción que fue detenido por exigir coimas para obstaculizar o impedir la acción de la Justica contra un exalcalde de Montería acusado de 40 delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

Como él, cerca de 50 funcionarios de la Fiscalía han sido acusados por usar sus cargos para extorsionar a criminales, o para favorecer al narcotráfico en Ipiales, Nariño. Son personas que recibieron la designación para realizar una misión sagrada, la de combatir la delincuencia, pero defraudan la confianza en ellas depositadas al anteponer su afán de enriquecimiento al cumplimiento del deber que les fue encomendado.

Se podrían encontrar muchas razones por las cuales se producen esas conductas antisociales y destructoras de la confianza y la moral. Se puede decir también que es poca la remuneración de los fiscales, de los jueces o de los policías encargados de cumplir esa misión, si se compara con las cifras que mueve la delincuencia, en particular, la que desangra el tesoro público.

Pero nada puede justificar tales defraudaciones. Y antes que alegrías por el descubrimiento de las patrañas urdidas por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera y su camarilla, lo que se producen son tristezas y desconcierto al comprobar una y mil veces que el Estado parece impotente para impedir el cometido de quienes cumplen las condiciones que se establecen para el ejercicio de la función pública pero sólo buscan el lucro personal.

Hay pues un problema que es mucho más grave de lo que se conoce. Es la ausencia de ética en la actuación y el desempeño de las responsabilidades que se entregan en virtud de un nombramiento o se originan en una elección popular. Es eso lo que lleva a que quienes son elegidos o nombrados se olviden en muchos casos de los deberes y obligaciones que juran cumplir, para usar su investidura en su propio beneficio.

Ese mal es el que destruye la fe en las instituciones democráticas y aleja al ciudadano de los organismos creados para resolver los problemas de la sociedad. Es el que aparece como uno de los dos grandes problemas para los colombianos según todas las encuestas de opinión y se refleja en el escepticismo frente a la posibilidad de resolver los problemas de la Nación.

Es la corrupción en todas sus expresiones que se origina en la ausencia de principios éticos y morales, y corroe al Estado. Es el veneno que empobrece a la sociedad y destruye la confianza en la democracia.

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