El paro del absurdo

Ahora, la disputa entre los dirigentes de Asonal Judicial no permite saber si al fin el paro terminó o no. Otra burla más que se agrava al conocerse que algunos dirigentes del sindicato buscan ser cobijados por la retroactividad de los jugosos acuerdos que lograron. Y que no se compadece con la necesidad de los colombianos de tener la recta y cumplida justicia que les prometen sus instituciones jurídicas.

Mientras los Tribunales se niegan a declarar ilegal un paro que lesiona a toda la Nación, sus directivos se dividen, anunciando unos que el movimiento continúa en forma indefinida y los otros dando la orden de reiniciar labores. Es el absurdo en el cual está sumido el país, donde un servicio público esencial para su buena marcha está atrapado ahora el las disputas de una dirigencia sindical para la cual su interés personal y gremial es más importante que el de cuarenta y cuatro millones de colombianos.Los calificativos ya se agotan para nombrar lo que está ocurriendo en la rama judicial. Después de una negociación donde las necesidades del país fueron rehenes de las pretensiones sindicales, el Gobierno Nacional accedió a entregar $1,2 billones en los próximos cinco años. Es indiscutible la obligación de nivelar los salarios de esa rama, surgida de una ley expedida hace 20 años y que las sucesivas administraciones no cumplieron, pese a varias huelgas y al deber de aplicar una norma de obligatorio cumplimiento.Lo que no tiene presentación es que la Justicia se paralice durante un mes y siga amenazada a pesar de lograrse el acuerdo, que incluye la no imposición de sanciones drásticas a quienes usaron la necesidad de toda una Nación para exigir reivindicaciones salariales. Y más grave aún, que magistrados de varios tribunales se nieguen a declararlo ilegal, pese a la prohibición expresa de la Constitución Nacional en su artículo 56 que garantiza el derecho de huelga “ salvo en los servicios públicos esenciales”.Una vez más debemos afirmar que el paro promovido por Asonal Judicial es un desconocimiento flagrante del Estado de Derecho. Y como tal debe ser sancionado, así el Gobierno haya transado este principio aceptando que los participantes en el movimiento recuperen el tiempo perdido en sus ratos de ocio. Porque tal acuerdo no sirve para recuperar el tiempo perdido por millones de colombianos, o para subsanar daños como los causados por el vencimiento de los términos a los sindicados, muchos de ellos inocentes y otros delincuentes de alta peligrosidad que deben ser dejados en libertad.Ahora, la disputa entre los dirigentes de Asonal Judicial no permite saber si al fin el paro terminó o no. Otra burla más que se agrava al conocerse que algunos dirigentes del sindicato buscan ser cobijados por la retroactividad de los jugosos acuerdos que lograron. Y que no se compadece con la necesidad de los colombianos de tener la recta y cumplida justicia que les prometen sus instituciones jurídicas.Por el contrario, lo que están recibiendo es un golpe certero a la Constitución Nacional. Difícil hacerles entender que la ley es fuente de justicia y los órganos judiciales los encargados de aplicar ese sabio principio, requisito para la paz y convivencia en una sociedad democrática. A partir de ahora, los jueces, fiscales y demás funcionarios del poder judicial, le están diciendo a toda Colombia que la ley es herramienta para imponer sus pretensiones, sin importar que con esa conducta se lesione el interés general.