El paro de siempre

Octubre 12, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"...la obligación de ofrecer recta y cumplida justicia para garantizar la paz y el respeto por los derechos, está comprometida de nuevo en el forcejeo entre los empleados y las entidades públicas, que no logran ponerse de acuerdo".

Ayer se inicio el anunciado paro judicial de carácter indefinido, decretado por la Asociación de Empleados Judiciales, Asonal. De nuevo, el país sufre la parálisis de un servicio público vital para la marcha de los asuntos públicos, e indispensable para resolver los conflictos y defender los derechos de los ciudadanos y la sociedad. Las razones son las mismas del movimiento realizado en el mes de octubre de 2008: reclamar por una nivelación salarial que cuatro años después no ha sido aplicada, según reclaman los directivos del movimiento. Es decir, el reclamo muchas veces reiterado por que el Gobierno aplique la nivelación ordenada por la Ley 4 de 1992 para los más de 48.000 empleados y funcionarios de la rama. Por ello, los colombianos han visto suspendida la operación de la Justicia, y según los voceros de quienes protestan, sólo serán atendidos los casos urgentes como audiencias de legalización de capturas y definición de situación jurídica.Es decir, los reclamos que buscan reivindicar los derechos de los ciudadanos quedarán en el limbo, a la espera de que se resuelva un conflicto laboral que cumple ya 20 años. Un conflicto que podría solucionarse si existiera el ánimo y la voluntad política para impedir la parálisis de la Justicia y el consecuente perjuicio que padecen quienes han acudido a ella para reclamar sus derechos. En el 2008, el mismo movimiento sindical produjo la suspensión de 130.000 procesos y de 40.000 tutelas, así como la imposibilidad de realizar 420.000 notificaciones, lo que obligó al Gobierno de entonces a decretar la Conmoción Interior contemplada en la Constitución Nacional. ¿Quién pagó los platos rotos de ese conflicto laboral? Por supuesto fueron los ciudadanos que por una u otra razón están vinculados a los procesos que tramitan los juzgados. Es decir, los colombianos y sus derechos quedaron en la mitad de una diferencia para la cual existen muchos caminos de solución distintos a la parálisis de una organización vital para el funcionamiento del Estado de Derecho. Ahora, la Nación vuelve a padecer el mismo conflicto. Incluso, en algunos sectores se afirma que el paro tiene relación con las movilizaciones que organizaciones como la Marcha Patriótica pretenden realizar en el día de hoy. Es decir, la obligación de ofrecer recta y cumplida justicia para garantizar la paz y el respeto por los derechos, está comprometida de nuevo en el forcejeo entre los empleados y las entidades públicas, que no logran ponerse de acuerdo. Y además, la parálisis que implica suspender los procesos será utilizada para tratar de conseguir adhesiones políticas, protestando por las injusticias pero ignorando la que se comete al interrumpir la actividad judicial. Es el paro judicial de siempre, donde unos funcionarios aprovechan el incumplimiento de otros para conmocionar al país, el primer paso para conseguir beneficios de unos cuantos aunque se perjudique al resto de la sociedad colombiana. Lo que demuestra que la reforma a la Justicia debe empezar por evitar esos conflictos, y por darle a ese servicio público la majestad y la importancia que necesita Colombia.

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