El Pacto por la Justicia

Por primera vez, la crisis de la Justicia fue objeto de un pronunciamiento conjunto de los poderes públicos. En el XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se celebró en Pasto, los representantes de las tres ramas del Estado firmaron un compromiso para superar una de las más graves crisis institucionales en la historia de Colombia.

“¿Qué sociedad es esa, en la que los corruptos se atreven a acercarse a las cortes y en la que algunos de sus integrantes pueden haber caído en la espiral de la quiebra de los valores? (…)”. “En los aciagos días que corren, en un momento, todo ese esfuerzo de creación colectiva se desmorona para abrir camino a la desconfianza, el señalamiento, a la sospecha”. Así se expresó el presidente de la Corte Constitucional, refiriéndose a las dimensiones que tiene el destape de los casos de corrupción en los cuales están involucrados algunos integrantes de las Altas Cortes.

Cabe agregar que el problema no se queda ahí ni es algo pasajero. También involucra tribunales y jueces en todo el territorio nacional y toca a la Fiscalía General de la Nación, de la cual han salido decenas de funcionarios en los últimos meses por idénticas causas. Es pues un mal extendido que afecta a todos los ciudadanos y debe ser extirpado para recuperar la confianza en el Estado como árbitro de la sociedad.

El pacto nacional de los poderes públicos por la justicia incluye el compromiso de los miembros de la rama jurisdiccional de impulsar los cambios constitucionales y legales que se requieren para superar la emergencia que atraviesa. Es la crisis que desvía el sentido de la Justicia como servicio público y la pone al servicio de intereses nefastos para la sociedad.

Para ello, los magistrados se comprometieron a presentar los proyectos que sean necesarios y a convertirse en promotores de las reformas constitucionales y legales que sean imprescindibles. Ese es un giro fundamental, que elimina las barreras impuestas en el pasado por las Cortes para lograr los cambios y eliminar elementos que como la capacidad de elegir funcionarios desvirtúan la función de la magistratura.

Para sacar adelante las reformas se necesita el compromiso de la dirigencia política y del Congreso. Aunque se esté en campaña para elegir a los legisladores y al nuevo Presidente de la República, ello no puede ser obstáculo para crear los correctivos que requiere la Justicia de nuestro país.

Por último está la obligación de recuperar los valores éticos y morales como guía de la Nación. Una sociedad no es viable si en todos los ámbitos de su actividad pública o privada sólo impera el ánimo de lucro. Y la democracia se muere si el latrocinio se impone por encima de la transparencia en el manejo del Estado en cualquiera de sus niveles.

Ese rescate de los valores debe ser el motivo principal de la convocatoria que se está haciendo. Por encima de las necesarias reformas que requiere la Justicia debe estar el principio de que la Ley está por encima de todos los colombianos sin excepción. Y que los fueros o las prebendas de los altos cargos no pueden ser usados para el beneficio particular de quienes desempeñan funciones públicas.