El inframundo de las cárceles

El drama de las cárceles es quizás el ejemplo más representativo de los problemas que aquejan al Estado en su función de prestar los servicios públicos que requieren los ciudadanos. Y aunque sea un mal denunciado con reiteración y extendido por todo el continente, no por ello debe dejarse sin soluciones, como ha sido la norma hasta ahora.

Las cifras de hacinamiento son escalofriantes: la cárcel de Riohacha tiene una sobrepoblación del 452%, el de la cárcel Bellavista de Medellín asciende al 283%, la de Apartadó es del 248% y la de Villahermosa en Cali llega al 267%. Son cuatro muestras de lo que se vive en esos lugares donde según la Constitución se les debe ofrecer a los reclusos todas las condiciones para su rehabilitación, y se les debe ante todo respetar sus derechos.

La verdad es que nada de eso se cumple. Y no de ahora. La historia de ese inframundo creado para albergar a quienes han cometido algún delito se hunde en los siglos que tiene la República. Esas cárceles son como huecos negros, donde el Estado de Derecho sólo aparece para impedir la salida de los internos, donde las condiciones de vida son infrahumanas y en ellas predominan poderosas organizaciones criminales que deciden la suerte de las personas, incluidos los pocos guardas.

No hay pues nada que se parezca al respeto que debe tenerse a la dignidad humana o que refleje el principio según el cual el Estado de Derecho debe responder por la suerte de quienes caen en ese abismo. Más aún, y como ocurre en la cárcel de Cali, su infraestructura es una amenaza más a la integridad de los allí detenidos, amén de una verdadera aberración que obliga a seres humanos a dormir de pie o en los baños.

Ante tan grave situación, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias que conminan al Ejecutivo a resolver la crisis carcelaria. Y a pesar de algunas construcciones, el problema estructural no ha sido siquiera tocado. Es el sistema penal y penitenciario que decreta detenciones o condenas sin preocuparse del lugar en el cual serán alojados los detenidos, y sin propiciar un desarrollo que responda a las realidades de la criminalidad en nuestro país.

Por eso se proponen medidas alternativas al confinamiento de los acusados o condenados por delitos. Pero la verdad es que la posibilidad de decretar la casa por cárcel, o imponer el brazalete electrónico se han transformado en otra forma de impunidad que en muchas ocasiones se compra por unos pesos, dejando a la sociedad expuesta al peligro de tener en las calles a avezados delincuentes cometiendo más crímenes.

Por eso debe decirse que Colombia vive una permanente y crónica crisis carcelaria. Su Estado no sabe qué hacer con ella, y todo indica que no existe la voluntad de enfrentarla y resolverla como corresponde, adoptando una política penal y carcelaria que responda a las circunstancias que vive el país. Mientras eso continúe, la impunidad seguirá en aumento y las personas que viven en el inframundo de las cárceles estarán expuestas a una tragedia de proporciones inimaginables.