El freno a la ‘locomotora’

"Más allá de las críticas por la aparente contradicción entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energía con la cartera medioambiental, que quedó en evidencia luego de las resoluciones contrapuestas expedidas con dos meses de diferencia, se requiere encontrar la manera de que la exploración y explotación minera respondan a los principios del desarrollo sostenible"

Entre la urgencia de garantizar la protección de sus recursos naturales y la necesidad de impulsar la ‘locomotora minera’ propuesta por el presidente Juan Manuel Santos. Tal es la disyuntiva en la que se encuentra Colombia, un país reconocido por su riqueza ambiental y el potencial económico que tiene en la minería. La discusión vuelve dos meses después de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos expidiera la resolución que delimita las Áreas Estratégicas Mineras en la Amazonia, la Orinoquía y el Chocó, las cuales suman 17 millones de hectáreas del territorio nacional. Y se da por la decisión del Ministerio del Medio Ambiente de bloquear temporalmente su aplicación en la zona de la Amazonia, acogiéndose al “principio de precaución” determinado por la Corte Constitucional. El concepto de la alta Corte es claro: si se permitiera primero la actividad minera y luego se desmostrara que ésta ocasionó graves daños ambientales, las consecuencias serían irreversibles. Por eso, el Ministerio prefirió curarse en salud y proteger áreas que en su mayoría son reserva forestal, hasta tanto se adelanten los estudios técnicos y se determine el impacto que tendría la explotación minera. Un proceso que durará entre dos y cinco años y que puede aplicarse a las otras áreas mineras ubicadas en Chocó y en la Orinoquía. Mientras la medida es aplaudida por los ambientalistas y buena parte de los colombianos, les preocupa a los economistas y al Gobierno Nacional que tiene puestas las esperanzas en el sector minero y energético. Es claro que Colombia no puede perder la oportunidad de explotar recursos como el oro, el coltán, el platino, el cobre o el hierro, apenas algunos de una larga lista de los que han sido detectados en el país. Pero necesita controlar el negocio y frenar la minería ilegal que se tomó al sector años atrás. Para lograrlo son necesarias resoluciones como la 0045 expedida el 20 de junio de este año, que delimita las áreas estratégicas mineras y regula el otorgamiento de las concesiones, las cuales deben responder tanto a los intereses económicos como ambientales. El problema, que ahora pretende resolver el Ministerio del Medio Ambiente, es que la ‘locomotora’ va tan de prisa que no se ha detenido a resolver las dudas sobre los impactos que generará en los recursos naturales.Más allá de las críticas por la aparente contradicción entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energía con la cartera medioambiental, que quedó en evidencia luego de las resoluciones contrapuestas expedidas con dos meses de diferencia, se requiere encontrar la manera de que la exploración y explotación minera respondan a los principios del desarrollo sostenible, o de la economía verde de la que se habló en la reunión de Río+20, en el mes de junio. Es esencial que se protejan las áreas de reserva natural y se comprenda que si en algo es potencia Colombia es en recursos naturales que, con el deterioro que presenta el planeta, serán la verdadera riqueza a la vuelta de unos pocos años.