El fraude a la Salud Pública

"Además de constituir múltiples y escandalosos delitos, los hechos denunciados por el Gobierno, la Justicia y los órganos de control, constituye un golpe demoledor a la confianza en la iniciativa privada como sustituta del Estado en la prestación de servicios tan sensibles para la sociedad".

En el editorial del pasado 30 de abril, ante las quejas de los usuarios y los problemas del Sistema de Salud, El País cuestionó si está cumpliendo con su función de velar por el bienestar de la población o se ha desfigurado por el afán de hacer de la salud un negocio con un derecho fundamental.La respuesta la dieron el Presidente de la República, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía Nacional el pasado lunes, al denunciar un fraude cuyo monto es difícil de calcular pero que supera los cuatro billones de pesos, que hasta ahora asciende a los $30.000 millones, y anunciar la captura de funcionarios que autorizaban los recobros presentados por las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, originados en tutelas. Ese es uno de los rubros que desangran el presupuesto público destinado a atender un derecho fundamental. La trampa consistía en cobrar comisiones para autorizar pagos de tutelas que amparaban procedimientos negados antes, a pesar de ser autorizados por el Plan Obligatorio de Salud, POS. Según el Superintendente de Salud, una de cada cuatro reclamaciones es “irregular”. Y cada una de las pagadas mediante ese mecanismo significa un sobrecosto de entre el 50% y el 85% de su valor normal. Pero ese es sólo uno de los múltiples rotos abiertos para quedarse con el dinero de todos los colombianos. También están mecanismos macabros como el de manipular la base de datos de las EPS, demorando el aviso de muertes de pacientes para seguir cobrando las Unidades de Pago por Capitación, UPC, que autoriza la ley. Es decir, para quedarse con los más de $500.000 pesos anuales que paga el erario por cada ciudadano inscrito. O las manipulaciones en los medicamentos que le cobran al Estado a precios escandalosos después de haber logrado eliminar el control de precios. Sobrecostos, valga la pena decirlo, que superan los dos billones de pesos.Y mientras todo eso sucede, el país tiene una Superintendencia de Salud con menos de 150 funcionarios para vigilar 40.000 empresas del sector. Meses atrás, el gobierno del presidente Uribe decretó la Emergencia en la Salud, para tratar de enjugar la falta de recursos, las deudas a las EPS y su inminente colapso y la ruina del Sistema. Ninguna de ellas se ha cerrado, y por el contrario, algunas se han convertido en verdaderos conglomerados empresariales. Además de constituir múltiples y escandalosos delitos, los hechos denunciados por el Gobierno, la Justicia y los órganos de control, constituye un golpe demoledor a la confianza en la iniciativa privada como sustituta del Estado en la prestación de servicios tan sensibles para la sociedad. Por eso, además de exigir una investigación a fondo, demanda una revisión profunda del sistema creado por la ley 100 de 1993.Ahora, además de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un derecho fundamental, de lo que se trata es de devolverles la confianza a los colombianos en el sistema de salud. Y eso empieza con la sanción ejemplar a los defraudadores y la creación de instrumentos eficaces para detener el saqueo a los recursos públicos.