El final de Sicali

"La sentencia del Consejo de Estado deja en firme la providencia del Tribunal. Con lo cual quedan a salvo los intereses de la ciudad y se ratifica la legalidad del acto mediante el cual la Administración actual declaró la caducidad del contrato con Sicali, así evite pronunciarse sobre la legalidad de su objeto".

Ocho años después de celebrado el contrato con Sicali, el Consejo de Estado emitió la sentencia que aclara en forma definitiva el lío en el cual fue involucrada Cali por razones que aún no están claras. Es la confirmación de que en ese negocio primaron intenciones distintas a la correcta y eficiente administración de los recursos públicos.El contrato con un extraño consorcio surgido de empresas provenientes de la Costa Atlántica nació pese a las innumerables irregularidades que fueron puestas de presente a la Administración Municipal de entonces. Pero nada de ello sirvió para cambiar el criterio del exalcalde Apolinar Salcedo, sus secretarios de despacho y sus colaboradores de la época, quienes fueron destituidos por el turbio negocio. Incluso no fue posible que se abriera el debate público para conocer si era una decisión afortunada y oportuna. Por lo cual, lo que se produjo fue una imposición descarada. Tan evidente era la ilegalidad del contrato que la Procuraduría Delegada para el Valle lo demandó, alegando su objeto ilícito, además de demostrar la serie de irregularidades que se cometieron en el proceso en el cual el único proponente fue el adjudicatario. Varios años después, el Tribunal Contencioso del Valle le dio la razón y declaró nulo el negocio por objeto ilícito, reconociendo que la Constitución impide la entrega a particulares del manejo de asuntos como los impuestos, de resorte exclusivo del Estado, en nuestro caso, del Municipio de Cali.Ahora, la sentencia del Consejo de Estado deja en firme la providencia del Tribunal. Con lo cual quedan a salvo los intereses de la ciudad y se ratifica la legalidad del acto mediante el cual la Administración actual declaró la caducidad del contrato con Sicali, así evite pronunciarse sobre la legalidad de su objeto. Aunque hubiera sido deseable que el máximo juez Administrativo se pronunciara sobre este asunto que tiene repercusiones en otros municipios colombianos, lo importante es que libera a la capital vallecaucana de un compromiso que nunca debió ser celebrado por el alcalde Salcedo, ni autorizado por el Concejo de entonces. Y tuvo otra repercusión afortunada, al dejar sin piso un Tribunal de Arbitramento que ayer mismo se preparaba para condenar a Cali por más de $48.000 millones a favor de Sicali. Un Tribunal que nació de una inusual Acta Compromisoria firmada en octubre de 2011 y en el cual se corría el riesgo de aumentar el desangre que sufrió Cali durante los siete años en los cuales el extraño consorcio manejó sus impuestos. Ahora, la sentencia del Consejo de Estado cierra esa puerta, devolviéndole la tranquilidad a la ciudad sobre el destino que tendrán sus impuestos municipales. Termina así un episodio largo y penoso que afectó de manera profunda el manejo de los asuntos públicos de Cali. Fue un compromiso innecesario, nocivo e ilegal con el cual el destituido exalcalde Apolinar Salcedo, sus secretarios y sus asesores, cometieron por lo menos un grave atentado contra la administración del Municipio. Que sirva de lección para que en el futuro se eviten decisiones que desconocen la voluntad de los ciudadanos y destruyen la credibilidad del Estado.