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El fin de la DNE

"Por increíble que parezca, hoy no se sabe cuántos bienes incautados tiene la DNE, cuál es su valor, quiénes son sus depositarios y mucho menos cuál es su rendimiento".

6 de septiembre de 2011 Por:

"Por increíble que parezca, hoy no se sabe cuántos bienes incautados tiene la DNE, cuál es su valor, quiénes son sus depositarios y mucho menos cuál es su rendimiento".

Al firmar el decreto mediante el cual se termina la discutida y por muchas razones cuestionada Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, desnuda por enésima vez la ausencia de una directriz clara para el manejo del enorme patrimonio que el Estado ha logrado arrebatarle al narcotráfico. Pueda ser que las decisiones adoptadas ahora permitan encontrarles salida a miles de bienes y recursos que pasaron a manos de la corrupción en vez de serle útiles a la Nación.Fueron 21 años en los cuales se pusieron todas las esperanzas en un mecanismo que supuestamente serviría para darle agilidad a la política basada en castigar a los traficantes en sus bolsillos, donde más les duele. Antes de ello era casi imposible decretar la pérdida de dominio sobre los bienes adquiridos con dineros ilícitos y sobre aquellos utilizados para consumar los delitos. La necesidad de justicia se estrellaba entonces con el cerco legal que protegía la propiedad privada y las limitaciones del Estado para perseguir las fortunas mal habidas. Pero después, el remedio fue peor que la enfermedad. Hoy puede decirse que al crear la DNE lo que se hizo fue crear un retén donde quedaron atrapados más de 70.000 bienes de toda clase. Una especie de alcabala de la cual salían beneficiados los mismos criminales a través de una red de corrupción que no parecía tener límites, cuando no eran los recomendados políticos o los testaferros de algunos dirigentes que hoy deben responder ante la Justicia. En esa red se perdió un precioso patrimonio que por sus dimensiones podría generar una verdadera reforma agraria o producir los recursos necesarios para enfrentar muchos de los problemas que afectan servicios públicos esenciales como la salud, la educación o la misma seguridad. Por increíble que parezca, hoy no se sabe cuántos bienes incautados tiene la DNE, cuál es su valor, quiénes son sus depositarios y mucho menos cuál es su rendimiento. Es decir, el caos que beneficia a los delincuentes y a quienes estuvieron cerca de los personajes encargados de dirigir el organismo que crearon para administrar el centro neurálgico de la política contra el tráfico de drogas ilícitas. Ahora se informa que la DNE será liquidada y sus funciones serán repartidas entre varias entidades y una junta asesora compuesta entre otros por los ministros de Hacienda y Justicia. Pero poco se dice sobre los cambios en la legislación para evitar que los delincuentes puedan mantener la propiedad de sus bienes por décadas, y sobre el castigo que se impondrá a los funcionarios que abusaron de la confianza que el país depositó en ellos. Y mientras en la Corte Suprema de Justicia avanzan los procesos contra 14 excongresistas y congresistas acusados de beneficiarse de la turbia componenda que dirigió la DNE, la Fiscalía persigue a exdirectores, exfuncionarios y depositarios de los bienes que se entregaron en custodia. Toda una conspiración para desfalcar a la Nación que aguarda las sanciones de la Justicia como colofón de una historia producida por la ausencia de una verdadera política contra las riquezas que produce el narcotráfico.

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