El entierro

"Murió la reforma antes de ser promulgada. Luego, según el Gobierno y los que votaron en forma afirmativa su hundimiento, nunca alcanzó a ser una Ley. Según otros, el sacrificio fue ilegal, porque el Presidente no tiene facultades para objetar un Acto Administrativo. Es decir, se abrió otro frente de polémica que volverá a involucrar a los altos tribunales, empezando por la Corte Constitucional".

Lánguida, como correspondía a la forma solapada en que fue tramitada. Así terminó sus días una pretendida reforma a la Justicia gestionada de espaldas a la Nación y repudiada de manera inusual como expresión de censura popular contra la manera en que se puso en riesgo la decencia y la Justicia en Colombia. El espectáculo del miércoles y jueves fue lo esperable. El Gobierno presentando sus objeciones a un proyecto que presentó hace dos años, que dirigió de manera permanente y llegó a ser otro muy distinto al momento de su aprobación. Los participantes activos, el Congreso y los presidentes del Senado y la Cámara exigiendo su hundimiento, como si por sus manos no hubiera pasado el engendro que ellos ratificaron con su firma. Y los partidos actuando como si la Unidad Nacional que aprobó todo lo actuado y aportó los miembros de la comisión de conciliación fuera una responsabilidad ajena a su misión de dirigir la política y en particular la labor legislativa. Murió la reforma antes de ser promulgada. Luego, según el Gobierno y los que votaron en forma afirmativa su hundimiento, nunca alcanzó a ser una Ley. Según otros, el sacrificio fue ilegal, porque el Presidente no tiene facultades para objetar un Acto Administrativo. Es decir, se abrió otro frente de polémica que volverá a involucrar a los altos tribunales, empezando por la Corte Constitucional. Pero, cualquiera sea el resultado de la polémica, la caída fue producto de la reacción de la ciudadanía, indignada y hastiada ante el desafuero que se cometió con la promesa frustrada de cambiar la Justicia para que cumpla su misión en una sociedad como la nuestra. Al parecer, y con excepción del inmolado ministro de Justicia, nadie se hará responsable del engendro que murió de prisa el pasado jueves. Sin embargo, ahora los partidos y la clase política deberán asumir la responsabilidad que les corresponde ante un país asombrado por las maniobras arteras con las cuales se pretendió imponer la impunidad y el desquiciamiento del sistema consagrado en la Constitución de 1991 para castigar el nefando maridaje entre la política, la corrupción y todas las formas de criminalidad, causante directo de gran parte de los males que golpean nuestra democracia. Y de nuevo quedó pendiente la tantas veces aplazada obligación de acercar la Justicia a los colombianos del común. La de combatir la corrupción enorme y destructora de la credibilidad en el Estado. La que debe poner la Justicia al servicio de los ciudadanos y no de algunos círculos de poder, acabando con los continuos enfrentamientos entre las Cortes y el afán de imponer las formas por encima de la sustancia, impartir recta y cumplida justicia. En fin, la de terminar el clientelismo, la corrupción y los malos hábitos enquistados en el Consejo Nacional de la Judicatura. Eso es lo que queda pendiente después del entierro de quinta que recibió a mal llamada reforma a la Justicia. Es de esperar que no se levante de su tumba por una decisión judicial que la reviva. Y que la lección sirva para que Congreso y Gobierno se pongan de acuerdo en legislar pensando en el interés de la Nación.