El enemigo público

La corrupción se queda en promedio con el 12,9% del valor de los contratos

Quizás el país no recuerde el inicio de un gobierno que haya concitando un respaldo político de las proporciones que tiene hoy el mandato del presidente Juan Manuel Santos. Eso mismo permite pensar que ha llegado el momento para lograr avances en tareas tan necesarias e inaplazables como el combate a la corrupción y a las malas prácticas en la política a todos sus niveles.Hace unos días, el Fiscal General de la Nación expresó que el saqueo a las regalías supera el billón de pesos. Y que si no se tomaban medidas, “Colombia va rumbo a ser una nueva Nigeria”, porque no hay posibilidades de controlar a los departamentos y municipios. “Como vamos, el robo va a ser total”, dijo el doctor Guillermo Mendoza. Es decir, la autonomía regional que el legislador de 1991 estableció como principio para profundizar la democracia es pretexto para disponer de los recursos públicos porque no es posible protegerlos de la rapacidad de un sistema capturado por el clientelismo.Si eso pasa con las regalías, no hay mucha distancia con lo que ha sucedido en ciudades como Cali. Y de nuevo aparece la falta de controles que permitieron un descalabro con la concesión de servicios como el recaudo de impuestos, o la manipulación de los recursos para la educación pública a través de programas como la ampliación de cobertura. Es decir, la soberanía del pueblo para elegir sus gobernantes expresada en la elección popular de alcaldes y gobernadores terminó entregando las administraciones regionales y locales a la voracidad clientelista. Las consecuencias se ven en el departamento del Valle, donde un gobernador se gastó miles de millones de pesos en publicidad para su imagen, mientras la entidad a su cargo no paga sus deudas.Pero la Nación tampoco se salva. Hace unos meses, el entonces zar de la corrupción dio a conocer el estudio ‘Transparencia por Colombia’ de la Universidad Externado de Colombia. Según ese documento, la corrupción se queda en promedio con el 12,9% del valor de los contratos del Gobierno Nacional. Es decir, $3,9 billones de la contratación anual se quedan en manos de la corrupción.Y qué decir de la financiación de las campañas políticas por contratistas que después cobran el favor. O de quienes en municipios y departamentos han hecho de la representación popular un negocio, amparados por la supuesta obligación de respetar la autonomía y sabedores de que los partidos a los que pertenecen no vigilarán ni sancionarán sus fechorías. Es la política utilizada ya no como herramienta para promover el Bien Común, sino como la puerta de entrada a las arcas del Estado, es decir, a los dineros de todos los ciudadanos. “Se trata de hacer más eficaz, transparente y bien distribuido el gasto regional y de ejecutar grandes proyectos de beneficio regional”, dijo el presidente Santos en su presentación en Barranquilla del proyecto de regalías y la Ley de Ordenamiento Territorial. Cabe decir que antes de eso debe estar el lograr un acuerdo con los partidos y grupos que lo respaldan para cambiar la política, combatir la corrupción, el enemigo público que impulsa el clientelismo, y sancionar a quienes hacen del Estado un negocio particular.