El desafío de las Bacrim

"...más grave aún es la insensibilidad que ve a las bandas criminales como un fenómeno lejano, que en vez de sancionar de manera ejemplar a los delincuentes y exigir el fin de sus perversidades se limita a reclamarle al Estado".

Cuando aún no termina la batalla contra el narcotráfico, después de los esfuerzos por desactivar los ejércitos del paramilitarismo y por combatir la guerrilla durante 50 años, ahora son las Bandas Criminales el fenómeno que manipula el delito en el campo y las ciudades. Es como si la ilegalidad formara parte obligada de la vida diaria del país, y que los colombianos no tuviéramos posibilidad de acabar con la violencia.Las organizaciones delincuenciales que un día paralizan parte de la Costa Caribe por la muerte de su cabecilla y otro llenan de sangre al Valle son herencia del paramilitarismo, del narcotráfico y de la guerrilla. Es la tendencia a imponer la voluntad individual por encima del bien común, que a su vez lleva a desconocer al Estado como el representante de la legitimidad y el orden. Para sus integrantes no importan los derechos fundamentales de la población y en su vocabulario no caben términos como la tolerancia y la convivencia.Ahora, cuando su poder y su presencia se sienten en gran parte del territorio nacional, se les reconoce su peligrosidad y se exige que la respuesta para acabar a las Bacrim es responsabilidad de las Fuerzas Militares y de la Policía. Y se insiste a través de los medios de comunicación en la necesidad de negociar con esos grupos criminales. Nada más equivocado, porque con la sola mención de esa posibilidad se les legitima y se les da un estatus que no pueden tener porque se trata de vulgares organizaciones delictivas.Es claro que para acabarlas se tiene que usar la fuerza, pero también se necesita de una Justicia capaz de combatirlas desde la Ley. El caso del mal llamado Ejército Revolucionario Popular Anticomunista, heredero de alias Cuchillo, sirve para entender lo que sucede. Con bombos y platillos se anunció la entrega de 284 miembros de esa banda criminal, y un día después 267 quedaron en libertad, bien por vencimiento de términos o porque no tenían órdenes de detención. Que se haya logrado reaccionar para impedir la impunidad no implica que se haya solucionado el problema. Pese a los más de 50 años de vivir en la violencia y por la costumbre de tratar de apaciguarla en lugar de enfrentarla, la Justicia no está preparada para responder a esos fenómenos delincuenciales y se ahoga en formalismos inventados por quienes no han sufrido lo que los colombianos sí. Por eso, leyes como la de Justicia y Paz se mantienen en el riesgo de convertirse en un fiasco, obligando a inventar remiendos que impidan el fracaso. Triste es reconocer que sólo existe una condena después de diez años de su vigencia. Pero más grave aún es la insensibilidad que ve a las bandas criminales como un fenómeno lejano, que en vez de sancionar de manera ejemplar a los delincuentes y exigir el fin de sus perversidades se limita a reclamarle al Estado.El problema de las bandas criminales no se resuelve sólo creando normas o esperando la respuesta de las Fuerzas Armadas. Ante todo requiere cambiar la mentalidad que lleva a los colombianos a contemporizar con la ilegalidad, para que la Constitución se convierta en la garantía real de la justicia y la paz que necesita la Nación.