El Derecho y la Paz

"Que se entienda bien: la Nación está dispuesta a llegar a un acuerdo para terminar la violencia de las Farc, lo que no implica refundar las instituciones jurídicas u ofrecer prebendas que no sean aceptadas por los colombianos".

De nuevo, la posibilidad de aplicar una justicia alternativa con la cual se apoye la resolución del conflicto es propuesta desde varios puntos de vista. Es la búsqueda de una opción que permita construir un camino de certezas para lograr la reconciliación, sin olvidar el deber de respetar y acatar el ordenamiento jurídico.El debate no es nuevo. Siempre se ha dicho que el respeto a la ley es la base de una democracia. Y siempre se han incluido en los ordenamientos constitucionales de Colombia la posibilidad de hacer excepciones para alcanzar el bien supremo de la paz. Desde que se ha querido negociar con las organizaciones al margen de la ley, las excepciones ha sido casi que una norma. Así se ha hecho a través de la vida republicana de nuestro país, ofreciendo salidas para terminar la violencia.En ese orden de ideas, no debe causar sorpresa la posibilidad de aplicar la justicia transicional en caso de un acuerdo definitivo con las Farc. Y no debería sorprender, por cuanto la viabilidad de hacer concesiones es parte integrante de cualquier negociación. El problema es qué clase de concesiones debe hacerse para lograr ese bien supremo. Es decir, cuánto de los principios de la justicia ordinaria debe sacrificarse y cuánto de impunidad entregará la sociedad a cambio de la verdad y la reparación que debe otorgar el grupo armado ilegal que por 60 años ha usado la violencia para supuestamente confrontar al Estado.Eso es muy distinto a considerar como un obstáculo las instituciones jurídicas, como lo hace la guerrilla, criterio que le da pie para exigir un nuevo ordenamiento jurídico, haciendo tabla rasa de la Constitución y las normas que constituyen el Estado de Derecho y tienen el reconocimiento de la sociedad. Que se entienda bien: la Nación está dispuesta a llegar a un acuerdo para terminar la violencia de las Farc, lo que no implica refundar las instituciones jurídicas u ofrecer prebendas que no sean aceptadas por los colombianos.El otro punto de vista a considerar es el del expresidente César Gaviria Trujillo, quien plantea unas opiniones entre las cuales incluye la posibilidad de aplicar la justicia transicional a todos los estamentos de la sociedad que hayan tenido vínculos con el conflicto. Es decir, que cobije a integrantes de la que llama sociedad civil, a los militares, a los dirigentes políticos y a quienes han tenido relación con los grupos ilegales. En su concepto, es la manera de impedir que se viole el principio de igualdad que consagra la Constitución, al exonerar de castigo a los combatientes ilegales mientras se investiga por años o se castiga a los militares que sirven a la Nación.Así, el debate está abierto y en el deben participar todos los puntos de vista posibles. Sin duda, ofrecer justicia alternativa es la mejor demostración de la buena fe que asiste a los colombianos en la búsqueda de la paz. Lo que no puede aceptarse es que esa concesión sea usada para desconocer el Estado de Derecho o para imponer formas de gobierno que atenten contra la libertad y los derechos ciudadanos.