El Derecho al revés

Mayo 03, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"El presidente Juan Manuel Santos hace esfuerzos por lograr las reformas legales que permitan adoptar los cambios necesarios para darle vida a los acuerdos finales que se logren con las Farc. Pero lo que se está viendo con la pretensión del exfiscal y la actuación de la Corte Constitucional, es una invasión de órbitas que por mandato de la Constitución le corresponden de manera exclusiva al Jefe del Estado".

Con sorpresa, los colombianos se están enterando sobre la posibilidad de que la Corte Constitucional llame a las Farc a una audiencia pública en condiciones de igualdad con los representantes del Estado legítimo. Y que si se firma en La Habana un acuerdo final, éste puede ser incorporado al ordenamiento jurídico sin que cumpla los procedimientos y los requisitos establecidos por la Constitución Nacional.Tal parece desprenderse de la demanda interpuesta por el exfiscal Eduardo Montealegre, quien pretende que se eleve a rango de tratado internacional el mentado acuerdo. Nada más alejado de la realidad. Así sea de gran importancia para el país, la negociación que se lleva a cabo no es más que un instrumento para resolver un conflicto interno con un grupo armado ilegal que no tiene personería y que, además, es calificado como terrorista por la comunidad internacional.Incluso, lo pactado no puede considerarse un acuerdo humanitario de las características del Derecho Internacional como lo pretende un abogado español de las Farc. Elevar a la categoría de Estado con plenos derechos a ese grupo, no es más que una estrategia para desconocer el Estado de Derecho y adoptar sin más miramientos lo que acuerden el Gobierno y su equipo negociador.La realidad es que las Farc son una organización de menos de diez mil integrantes y sin capacidad para amenazar las instituciones o tomarse el poder. El que tenga cincuenta años de existencia sólo prueba esa incapacidad, aumentada por el avance que logró la Fuerza Pública en su combate en la década anterior. No es pues una organización a la cual deba reconocérsele como contradictor de las características que exige la legislación Internacional como para que el acuerdo sea considerado como un tratado de paz con todos sus efectos.Claro que la motivación es humanitaria, pues se trata de cesar la violencia que causa muerte y destrucción, perpetrada por las Farc sin compasión. Pero ello se debe a la voluntad del Primer Mandatario, quien ha hecho uso de las atribuciones que le confiere la Ley para realizar el esfuerzo amplio y generoso que hasta ahora se lleva acabo con el acompañamiento de países que son testigos de lo que ocurre.El presidente Juan Manuel Santos hace esfuerzos por lograr las reformas legales que permitan adoptar los cambios necesarios para darle vida a los acuerdos finales que se logren. Pero lo que se está viendo con la pretensión del exfiscal y la actuación de la Corte Constitucional, es una invasión de órbitas que por mandato de la Constitución le corresponden de manera exclusiva al Jefe del Estado. Y que está aceptando una demanda sobre algo inexistente, que no tiene entidad porque no hay acuerdo, además de que falta la sanción presidencial para que tenga vigencia jurídica.Por último, hay que recordar que el acuerdo final debe ser puesto a consideración de los colombianos, según el documento firmado en Cuba el 26 de agosto de 2012. Cualquier interpretación distinta desconocerá el compromiso que los firmantes adquirieron con la Nación.

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