El derecho a la vida

Colombia está hoy en medio de la polémica por los asesinatos selectivos que se cometen contra los llamados líderes sociales. Siendo de especial importancia el descubrir las circunstancias de esos homicidios, lo que es aún más acuciante es definir la manera en que el Estado cumplirá con el deber de impedir los atentados contra el derecho a la vida, el más importante para cualquier sociedad civilizada.

Las informaciones no dejan duda sobre el fenómeno que se está produciendo contra quienes en las comunidades han asumido el papel de velar por los intereses comunes, por el respeto a los derechos como la restitución de tierras o por las denuncias contra las organizaciones criminales que abundan en las zonas rurales e imponen sus intereses por encima de la Constitución y las leyes. Es una sangría que despierta la alarma de la sociedad colombiana y ha llamado la atención de entidades como la Organización de Naciones Unidas.

Lo que no se puede decir es que esa cifra de asesinatos es producto de una política sistemática de las autoridades, de los gobiernos o de los partidos políticos. Aunque existen algunos crímenes cometidos por agentes del Estado, es falso afirmar que se trata de una política oficial o de un interés por imponer la muerte como forma de silenciar la protesta social o de impedir el ejercicio de los derechos que reconocen las normas.

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía General de la Nación sobre los 126 crímenes esclarecidos de los 231 casos de líderes asesinados entre enero de 2016 y diciembre de 2018, el 35 % de ellos se debe a crímenes individuales, el 24 % a organizaciones delincuenciales, el 10 % al denominado Clan del Golfo y otros a las disidencias de las Farc o al Eln. Y 12 de ellos fueron cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, 5 de los cuales están en la Justicia Penal Militar y 7 en la ordinaria.

Lo que ello demuestra, como lo hace el hecho de que los homicidios se hayan incrementado en un 3 % durante el 2018, es que el Estado colombiano padece de un mal crónico que lo hace incapaz de cumplir su deber de proteger la vida de los ciudadanos sin distingo alguno y en todo el territorio nacional. Y de ofrecer la Justicia y administrarla de manera tal que los ciudadanos la respeten y prefieran acudir a ella, evitando y resolviendo los conflictos antes de que se conviertan en motivo de venganzas o en alicientes para que se impongan las organizaciones criminales de todo tipo.

La solución no es poner guardaespaldas a cada líder si no hacer que el Estado sea capaz de cumplir con el deber para el cual se le ha entregado el monopolio de las armas y de la autoridad. Es decir, hacer lo necesario para proteger la vida honra y bienes de los ciudadanos.

Porque continuar con los vacíos de hoy y de siempre es aceptar que el Estado de Derecho sólo será aplicable en una parte del territorio nacional, dejar abiertas las sospechas sobre los gobernantes y seguir permitiendo que el derecho a la vida de los líderes y de todos los colombianos se mantengan en el peligro que produce la ausencia de un Estado respetable.
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