El debate por las armas

Enero 04, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Basta mirar las estadísticas de Colombia para entender por qué las alarmas se han prendido de nuevo: de los homicidios perpetrados el año pasado, el 80% se cometió con armas de fuego. Y hay ciudades como Cali en las que esa cifra alcanza el 89%, con datos preocupantes como que el 39% de los crímenes son atribuibles a venganzas y a hechos de intolerancia".

El debate sobre la prohibición del porte de armas en Colombia no es nuevo. Durante años autoridades locales, departamentales y miembros de la sociedad civil han pedido que se restrinjan, como requisito para disminuir la violencia. Por eso, aunque parezca de vieja data, es necesario volver a debatir un asunto en el cual está comprometida la convivencia social. Basta mirar las estadísticas de Colombia para entender por qué las alarmas se han prendido de nuevo: de los homicidios perpetrados el año pasado, el 80% se cometió con armas de fuego. Y hay ciudades como Cali en las que esa cifra alcanza el 89%, con datos preocupantes como que el 39% de los crímenes son atribuibles a venganzas y a hechos de intolerancia. Eso indica que en la ciudad, aparte de los asesinatos de las bandas criminales y de la guerrilla, la gente es propensa a resolver sus diferencias por mano propia. De ahí que el debate sobre prohibir el porte sea hoy tan necesario. Sobre todo en una Nación donde el Estado parece renunciar al monopolio de las armas que ordena la Constitución, con argumentos tan absurdos como que con el otorgamiento masivo de permisos se ayuda a proteger a las ‘personas de bien’. ¿Cuántos de los 3.800 salvoconductos que se expiden en un año en Cali, van a parar en manos de los más peligrosos delincuentes? El mecanismo es tan perverso que los criminales más reconocidos suelen tener más armas amparadas que aquellos que son objeto de sus amenazas. Y es tal la proliferación y el caprichoso aval que otorgan las autoridades, que es corriente que todo el mundo, tanto buenos como malos, posean armas de forma ilegal.Lo que se ha dado en Colombia con la renuncia tácita de las autoridades a ese monopolio, es un impulso y fomento al armamentismo, que sumado a la intolerancia y a las dificultades para acceder a una Justicia eficaz que resuelva las disputas, se convierte en un disparador de la muerte. Por eso, es necesario escuchar a los alcaldes, sobre todo a aquellos que como Rodrigo Guerrero en su primera Administración, demostraron la eficacia de la veda a las armas.El Estado debe empezar por replantearse su empecinamiento de concentrar en el Ejército la facultad de otorgar licencias. Una decisión que desconoce las realidades que se viven en centros urbanos donde los problemas de inseguridad, violencia e intolerancia son asunto ante todo de la Policía. Razón de peso para que esta institución reclame una decisión que detenga la sangría que genera la proliferación de armamento, que entre otras cosas es fabricado por el mismo Estado. Porque el de Colombia además de ser un Estado cantinero, que produce y vende alcohol, es un Estado que hace armas, decide a quién se las vende y a quién se las prohíbe.Y por ahí no es el asunto. En un Estado de derecho nadie, excepto la Fuerza Pública, debe portar armas. Sólo así se evitará que las interpretaciones caprichosas y malos juicios de algunos funcionarios o militares, sigan incentivando una situación explosiva: la de millones de personas armadas en ciudades donde sus gobiernos padecen de serias limitaciones para mantener la convivencia.

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