El debate electoral

"Es el colombiano con derecho a elegir quien en últimas define la clase de gobierno que desea. Si él no participa y si el sistema no lo incita a hacerlo, se pierden las posibilidades de tener administraciones que funcionen en beneficio de la sociedad".

A pocos días de las elecciones que renuevan los gobiernos departamentales y municipales, el debate político está en toda su efervescencia. Como siempre se ha dicho, la decisión está en manos de los ciudadanos que ejercen su derecho al sufragio.La realidad sin embargo ha sido otra. Son la abstención y la indiferencia las que en muchas ocasiones han tomado las decisiones por los que no votan. Con lo cual se favorecen las maquinarias aceitadas por el clientelismo que, con frecuencia, echa mano de los recursos públicos y de las nóminas oficiales para mantener el poder, apoderándose de la representación popular y evitando los contrapesos y la vigilancia sobre la gestión de los funcionarios elegidos.En consecuencia, la confusión de intereses es enorme. Es que, con muy pocas excepciones, las alianzas no se pactan con base en programas, y los partidos pierden todo su sentido. A cambio de ello aparecen uniones que en muchas ocasiones son inexplicables, salvo que se entiendan como la asociación para tomarse el poder y repartirlo de espaldas a los electores. Es lo que se ha vivido en ciudades como Cali y departamentos como el Valle, donde esas coaliciones negocian el control político de las corporaciones sobre los gobernantes a cambio de cuotas burocráticas, de contratos o de comisiones. Esa es, en síntesis, la gran crítica al sistema de elección de los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. A pesar de su importancia como los órganos del Estado más cercanos al ciudadano y a la solución de sus problemas, hoy son las más expuestas a los vicios que persisten en la política colombiana. Por eso se explica que, aunque existan decenas de normas para impedir el trasteo de votantes, para evitar la doble militancia o combatir la compra de votos, esas prácticas no se han podido erradicar.Además de desviar gran parte de los recursos dirigidos a resolver los problemas de las comunidades, la otra consecuencia nociva es el distanciamiento de los posibles electores con su deber de votar para renovar los funcionarios que gobernarán sus regiones y localidades, además de representarlos en todos los niveles de la actividad pública. Todo lo cual desemboca en la desmotivación para sufragar, es decir, la abstención que permite ser elegido con pocos votos. Para romper ese círculo vicioso se requiere una reforma que no parece tener muchos amigos en los dirigentes de los partidos con asiento en el Congreso de la República, los que en apariencia son los más perjudicados por lo que ocurre en la política regional. Quizás esa sea la clave para devolverle a la política la credibilidad que ha perdido en medio de unas prácticas que desvirtúan las reglas de juego esenciales para que exista una democracia real y no formal. Pero, ante todo, es necesario el voto, la participación del ciudadano que elija pensando en el bien de su comunidad. Es el colombiano con derecho a elegir quien en últimas define la clase de gobierno que desea. Si él no participa y si el sistema no lo incita a hacerlo, se pierden las posibilidades de tener administraciones que funcionen en beneficio de la sociedad.