El daño está hecho

Lástima que esa sentencia, que de manera inequívoca desconoce cualquier facultad de las autoridades regionales y locales para asumir compromisos de crédito disfrazados, se conozca dos años después de que la administración de Juan Carlos Abadía hubiera embarcado al Valle en una ruinosa operación de $650.000 millones, acompañada de un plan de financiación cuyo costo duplicaría esa cifra en los años de vigencia del malhadado negocio. Y después de que las arcas de Cali fueran comprometidas en obras como la remodelación del estadio Pascual Guerrero.

Como si respondiera al clamor sobre los abusos que se han cometido en Departamentos y Municipios con las Vigencias Futuras Extraordinarias, el Consejo de Estado declaró su ilegalidad. Aunque la sentencia no afecta hechos como los acontecidos en el Valle y en Cali, sí sirve como punto de referencia obligado para cesar los atropellos que se cometen en nombre de la autonomía de los entes territoriales.En su sentencia, el Consejo fue terminante. Después de analizar la obligación de respetar el principio de gradación de las leyes que obliga a acatar primero a la Constitución, luego a las leyes orgánicas y a las corrientes, la sentencia del 14 de julio pasado dice que “la autonomía que constitucionalmente se reconoce a los entes territoriales no puede convertirse en patente de corso para desconocer los artículos 352 y 364 de la Carta Magna, así como la ley 819 de 2003, (ley Orgánica de Presupuesto). De lo cual se desprende que no están facultados para comprometer vigencias futuras excepcionales”.Lástima que esa sentencia, que de manera inequívoca desconoce cualquier facultad de las autoridades regionales y locales para asumir compromisos de crédito disfrazados, se conozca dos años después de que la administración de Juan Carlos Abadía hubiera embarcado al Valle en una ruinosa operación de $650.000 millones, acompañada de un plan de financiación cuyo costo duplicaría esa cifra en los años de vigencia del malhadado negocio. Y después de que las arcas de Cali fueran comprometidas en obras como la remodelación del estadio Pascual Guerrero.En ambos casos, la opinión pública y los medios de comunicación advirtieron a los gobernantes, a la Asamblea del Departamento y al Concejo de Cali. Pero mientras en la duma departamental se presentó una verdadera carrera contra el tiempo para aprobar los negocios en dos días, en el Municipio una mayoría de concejales aprobó idéntica autorización, desoyendo las recomendaciones de expertos constitucionalistas.Es decir, y como se infiere de la sentencia del Consejo de Estado, se usó la pretendida autonomía administrativa para tomar decisiones ilegales e inconvenientes. El fallo tendrá efectos como una jurisprudencia importante y clarificadora. Infortunadamente, el Valle quedó en la disyuntiva de demandar y tener que esperar dos años más a una sentencia que anule la ordenanza que autorizó el oscuro negociado de las vigencias futuras o terminar las negociaciones para desmontarlo.En otros términos, tendrá que escoger el menor de dos males. La decisión la deberá tomar el gobernador Francisco Lourido, quien asumió una valiente posición en defensa del Departamento. La sentencia pone fin a los abusos del clientelismo en la provincia. Pero el daño está hecho, y de cualquier manera le costará al Valle recursos preciosos y escasos que debieron destinarse a la prestación de servicios para sus habitantes. Es la secuela de la ausencia de control oportuno sobre actuaciones que consultan siempre intereses muy distintos y ajenos al servicio y a la administración de entidades públicas.