El conflicto eterno

editorial: El conflicto eterno

"Dígase lo que se diga, Colombia es hoy un país donde la huelga de más de 40.000 funcionarios impide aplicar recta y cumplida justicia. Un país que declara su estricto respeto por la ley como principio de equidad y razón de ser de su Estado, en el cual los poderes públicos se enfrentan por razones que destruyen el bien público y la credibilidad de sus instituciones".

El conflicto eterno

Octubre 28, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Dígase lo que se diga, Colombia es hoy un país donde la huelga de más de 40.000 funcionarios impide aplicar recta y cumplida justicia. Un país que declara su estricto respeto por la ley como principio de equidad y razón de ser de su Estado, en el cual los poderes públicos se enfrentan por razones que destruyen el bien público y la credibilidad de sus instituciones".

Dos semanas completa el paro de la Rama Judicial sin que la solución aparezca, pese al inmenso daño que los involucrados le están causando a la Justicia y a millones de colombianos. Esa es quizás la gran demostración de la indiferencia que existe sobre los verdaderos problemas que destruyen la credibilidad del Estado de Derecho en Colombia.La disputa es causada por lo mismo de siempre: el reclamo de los funcionarios por el incumplimiento del Gobierno en aportar los recursos para la nivelación laboral. Nivelación que fue acordada a causa de otro paro producido hace cuatro años por otro Gobierno, en cuya solución surgió el compromiso de disponer los dineros necesarios para tal fin. Es decir, la repetición eterna y constante de un mismo conflicto, al cual parece imposible encontrarle la solución.Las consecuencias las pagan los colombianos: hoy, el paro de 40.000 funcionarios ha impedido la realización de casi 20.000 audiencias, pese a que algunos jueces y fiscales atienden casos relacionados con la captura y libertad de sindicados, son más de 100.000 los procesos detenidos, a la espera de decisiones importantes para la ciudadanía. Todo ello es producido por la resistencia o imposibilidad de aplicar una ley emitida en 1992 donde se ordena nivelar los sueldos de jueces y funcionarios teniendo en cuenta los salarios que perciben los magistrados de las altas cortes. Sin duda, el esfuerzo fiscal es enorme, puesto que se calcula en $800.000 millones. Pero es una ley y hay que cumplirla.Pero tales hechos enfrentan a los integrantes de la Rama Judicial del poder Público con el Ejecutivo. La pregunta es si debe ser el ciudadano el que pague los platos rotos. Infortunadamente, hoy los colombianos del común, los que nada tienen que ver con el conflicto, son usados como rehenes de esa disputa, porque el servicio público más importante no funciona. Y no parece suficiente el que el paro sea ilegal o que el Gobierno de ahora exprese sus mejores intenciones de solucionar lo que la Ministra de Justicia reconoce como un incumplimiento que se solucionará en 15 años.Y mientras eso ocurre, la incertidumbre se apodera de los ciudadanos. Dígase lo que se diga, Colombia es hoy un país donde la huelga de más de 40.000 funcionarios impide aplicar recta y cumplida justicia. Un país que declara su estricto respeto por la ley como principio de equidad y razón de ser de su Estado, en el cual los poderes públicos se enfrentan por razones que destruyen el bien público y la credibilidad de sus instituciones. Ese no es el Estado que los colombianos quieren, necesitan y respaldan. Por eso, el paro de la rama judicial está desafiando los más elementales principios de la Justicia que debe ser impartida siempre para garantizar la convivencia y el respeto al Derecho como base de la organización social. Por supuesto, existe la posibilidad de declarar ilegal el paro o de lograr otro acuerdo como los que se han hecho en el pasado. Pero, por encima de ello, la obligación de las partes es asegurarles a los colombianos que su Justicia no volverá a ser rehén de los incumplimientos y las vías de hecho para reclamar reivindicaciones laborales.

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