El centro y la periferia

El centro y la periferia

Enero 18, 2018 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Con cierta frecuencia las decisiones que se toman en el Gobierno Central en materia fiscal y afectan las finanzas regionales, despiertan el rechazo de los departamentos y municipios. Ese enfrentamiento es consecuencia de una relación no aclarada que genera polémicas y obliga a rectificaciones apresuradas.

El caso más inmediato fue la expedición de un decreto el pasado 29 de diciembre mediante el cual se pretendió echar mano de recursos provenientes de las rentas cedidas, para concentrar su manejo en la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres. Creada para dar orden al manejo de recursos destinados a la salud, esa administradora debe tener como primera misión el tratar de resolver la enorme crisis y el desgreño causados por el mal manejo que la Nación le ha dado a ese servicio público.

Como siempre ocurre, la gran justificación del decreto 2265 de 2017 estuvo en el mal manejo que según sus autores le dan a esos recursos, y en el argumento según el cual ellos serían regresados a las regiones a través de la gestión de la Adres. Otra vez, la desconfianza en la capacidad de los departamentos y en la moralidad de sus autoridades fue usada para tratar de apropiarse de recursos que por ley pertenecen a las provincias y a sus entes territoriales, y enjugar un bache del cual ellos no son los responsables.

Con razón los gobernadores protestaron contra la medida, y con argumentos legales y prácticos exigieron que se echara para atrás una decisión que tenía más de arbitraria que de sensatez, así se usaran justificaciones que parecían razonables. En el caso del Valle, la Gobernadora demostró que esas rentas cedidas eran destinadas a solventar los gastos ocasionados por la atención de enfermedades no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud, atención que quedaría desfinanciada, obligando al departamento a pagarlos de su bolsillo mientras la Nación le daba la destinación que decidieran en Bogotá.

Es decir, el Centro se quedaba con recursos que les pertenecen a los departamentos y éstos con la obligación de atender gastos generados por circunstancias ajenas a su voluntad. Como en muchas otras circunstancias, lo que estaba en el decreto debió ser echado para atrás ante la respuesta terminante de los 32 gobernadores. Y las explicaciones del Ministro de Salud no fueron suficientes para desvirtuar el ambiente de dudas que deja el interés por tratar de tapar los huecos fiscales de la Nación con los recursos locales y regionales.

Es allí cuando reaparece el interrogante de por qué no ha sido posible desarrollar el capítulo sobre descentralización administrativa contenido en la Constitución Nacional de 1991. Si esa obligación se hubiera cumplido, Colombia no tendría que padecer los intentos centralistas, habría precisión en los deberes y obligaciones de los gobernantes locales y regionales. Con ello se evitarían las alertas frecuentes para impedir que se consumen hechos que desconocen principios constitucionales y destruyen la confianza entre las autoridades de los diferentes niveles del Estado.

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