El cáncer de la corrupción

Sin duda, el epicentro de tales desfalcos está en la existencia de un sistema de contratación abundante en huecos por los cuales se cuelan los carteles especializados en hacer trampas

A consideración del Congreso de la República se encuentra la propuesta del Gobierno para tratar de controlar la corrupción que carcome las finanzas públicas y la credibilidad del Estado. En los Legisladores está la posibilidad de poner un dique al fenómeno que tantos daños a ocasionado a los colombianos y tantos escándalos está produciendo en todo el país.Casi no pasa una semana en que la Nación no se vea sorprendida por una denuncia sobre la manera ya descarada en que se roban los recursos y los bienes públicos. Ahora mismo, la administración de Bogotá ha sido llamada por la Procuraduría General de la Nación para que responda por las denuncias sobre el carrusel de la contratación, mientras el derrumbre del Grupo Nule sigue destapando sus conexiones y artimañas para desfalcar al erario. Y ni hablar de lo que acontece con las Vigencias Futuras del Departamento del Valle, o con el intento de privatizar a Acuavalle, recurriendo a la concesión. O de los escándalos en la Dirección de Estupefacientes y en Fondelibertad. Sin duda, el epicentro de tales desfalcos está en la existencia de un sistema de contratación abundante en huecos por los cuales se cuelan los carteles especializados en hacer trampas. Es una legislación laxa y obsoleta, que termina legalizando las innumerables formas de que se valen los funcionarios y contratistas para apropiarse de los recursos públicos. Y hace que los criminales que se quedan con la plata de la salud, o de la educación o de las obras públicas, disfruten, en la impunidad, de sus botines, rodeados de ejércitos de abogados expertos en la materia.Pero también hay que repetir hasta el cansancio que la corrupción es posible por la contaminación de la actividad política con los recursos provenientes de los contratistas. Y que mientras no se fijen de manera precisa los límites a la costumbre de financiar campañas con aportes de los contratistas, o se impida que los funcionarios venales se enriquezcan sin recibir castigo, continuará abierto el camino para la corrupción que se produce con la devolución de favores de quienes resultan electos por la voluntad popular a quienes financiaron su campaña.Por eso es tan importante que se tramite el proyecto de Estatuto Anticorrupción que el Gobierno entregó hace ya varias semanas a consideración del Congreso. En sus 70 artículos hay normas drásticas y necesarias para combatir uno de los peores enemigos de la moral en Colombia y de los recursos que, como los destinados a la salud, deberían ser protegidos con celo por el Estado. Como también es ineludible que se castigue a quienes desde el sector privado se lucran del fraude y el peculado.El combate a la corrupción es una prioridad en Colombia. Por eso llama la atención que el Legislativo no responda aún a los llamados del Gobierno para que emprenda el estudio de la propuesta que le presentó. Los Congresistas deben saber que esa es una exigencia de los colombianos, a quienes se les agota la paciencia por los escándalos que deben presenciar y la incapacidad del Estado para castigar a los depredadores del patrimonio público.