El cambio es necesario

Que las cárceles están saturadas, al punto en que algunas son una amenaza para la salud de los reclusos. Que el sistema carcelario es obsoleto, desconoce los derechos a la resocialización de los internos y ya no responde a las necesidades de un país donde las políticas de seguridad han incrementado las capturas. Esos argumentos serían suficientes para que el Estado acepte reformar el régimen penal y el manejo de las cárceles, adecuándolo a las realidades de Colombia.

Que las cárceles están saturadas, al punto en que algunas son una amenaza para la salud de los reclusos. Que el sistema carcelario es obsoleto, desconoce los derechos a la resocialización de los internos y ya no responde a las necesidades de un país donde las políticas de seguridad han incrementado las capturas. Esos argumentos serían suficientes para que el Estado acepte reformar el régimen penal y el manejo de las cárceles, adecuándolo a las realidades de Colombia.Pese a que la crisis carcelaria es un mal de muchos años, la reacción contra ella es por lo menos de indiferencia. Sólo así puede explicarse que se haya nombrado un General de la Policía Nacional para apagar el incendio que causan la corrupción y la incapacidad para manejar el Instituto Nacional Penitenciario y no se escuchen sus pedidos para reformar el sistema que en cualquier momento puede estallar. Más ahora, cuando políticas al parecer exitosas como la ley de Seguridad Ciudadana han hecho que se capturen más personas de las que salen de las cárceles. Más grave aún es la lentitud de la Justicia para resolver la situación de muchos de los sindicados presos o de condenados que ya pagaron sus condenas. O que se proponga casi una amnistía de urgencia para decretar la excarcelación y así acabar con la enorme sobrepoblación carcelaria, causada casi exclusivamente por la incapacidad o la indiferencia del Estado en su conjunto. Mientras tanto, en las cárceles siguen conviviendo acusados de delitos leves con criminales avezados, y la multitud de detenidos hace casi imposible tener una vigilancia que evite la multiplicidad de delitos que se cometen en su interior. O que se impida la proliferación de enfermedades como los amagos de epidemias de varicela en la cárcel La Modelo de Bogotá, mientras el servicio de salud naufraga en la quiebra de entidades como Caprecom. Y qué decir de los desafiantes casos de incumplimiento en la entrega de cárceles como la de Guaduas en Cundinamarca o la de Jamundí en el Valle, donde las fallas en suministro de agua y en la construcción impiden cumplir con la obligación de detener a los delincuentes en condiciones adecuadas. La nueva Ministra de Justicia emprendió una gira para conocer de primera mano la realidad carcelaria. Ese es un buen gesto, que ojalá se traduzca en acciones coherentes como cambiar el sistema penitenciario y adecuar el régimen de prisiones a las demandas que nacen de las labores que realizan los cuerpos de seguridad para combatir la delincuencia en las calles. Así se evitará que algún Congresista aproveche la crisis crónica para exigir la renuncia del general Gustavo Adolfo Ricaurte quien, ha cumplido con la misión que le han encomendado en el Inpec pese a las limitaciones. Entendiendo la angustia de resolver cuanto antes el drama del hacinamiento que viven las cárceles en Colombia, el asunto no es descongestionarlas a como de lugar. Es, en primer lugar, de adoptar una política penal y penitenciaria acorde con principios universales sobre el tratamiento a los presos y dando respuestas coherentes a los retos que crea la decisión de combatir el crimen.