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El año de la injusticia

"Pero lo peor del año 2012 fue lo ocurrido con la reforma en el Congreso. Los textos aprobados por una comisión de conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes pasarán a la historia y no precisamente por sus bondades".

26 de diciembre de 2012 Por:

"Pero lo peor del año 2012 fue lo ocurrido con la reforma en el Congreso. Los textos aprobados por una comisión de conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes pasarán a la historia y no precisamente por sus bondades".

En el balance de la actividad pública en Colombia, los problemas de la Justicia y las dificultades para acceder a ella son sin duda las grandes preocupaciones de una Nación que necesita de sus jueces para resolver sus conflictos, proteger sus derechos y castigar la delincuencia. Más que promesas que no se cumplen y reformas que no se alcanzan, la Nación exige que haya un poder Judicial confiable que le devuelva la credibilidad al Estado Social de Derecho.En el primer semestre del año, la actividad legislativa se concentró en el trámite de un proyecto presentado por el Gobierno Nacional que rápidamente demostró sus limitaciones para resolver la crisis en que se encuentra la Justicia en el país. Era un esfuerzo por tratar de resolver conflictos entre los poderes públicos y entre los altos tribunales, más cercano a una reforma política y muy distante de los reclamos de la gente sobre la inefectividad y la morosidad en las decisiones que son cruciales para mantener la paz y la armonía de la sociedad.Lo que estaba claro entonces y hoy sigue sin resolverse, es que la Justicia colombiana padece de grandes y graves problemas. Son males acumulados a lo largo de la historia, que empeoran además por una mal entendida autonomía en su manejo, usada a discreción por algunos miembros del ya célebre Consejo Nacional de la Judicatura. Es claro que los jueces deben gozar de independencia y garantías para el ejercicio de sus funciones. Pero eso no implica que no tengan qué responder por el uso de esos poderes o aceptar los cambios que sean necesarios para que el Estado cumpla su cometido. Pero lo peor del año 2012 fue lo ocurrido con la reforma en el Congreso. Los textos aprobados por una comisión de conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes pasarán a la historia y no precisamente por sus bondades. Es que, luego de estar promoviéndola de manera acuciosa, el Gobierno Nacional debió emplearse a fondo para detener a como diera lugar el adefesio clientelista que pretendieron imponerle al país en una maniobra repudiada en forma unánime. En el segundo semestre, la Justicia siguió siendo protagonista, y no por una reforma que se hundió y causó fricciones importantes en la Unidad Nacional creada por el presidente Juan Manuel Santos. Fueron las protestas de los empleados de la rama judicial y el paro que durante tres largos meses dificultó la prestación del servicio público más importante para cualquier sociedad civilizada. Basada en un reclamo que parece justo, toda vez que durante diez años se había aplazado la aplicación de una ley que ordena la nivelación salarial, la protesta terminó en un grotesco espectáculo de divisiones entre sindicatos y de desafíos al orden institucional que demandan sanciones. El 2013 arrancará entonces con un paro que fue suspendido para que los huelguistas pudieran disfrutar de sus ‘merecidas’ vacaciones. Y con una Justicia que arrastra índices deplorables en materia de impunidad. Pueda ser que los tres poderes públicos que forman el Estado en Colombia asuman en el año que comienza su obligación de devolverle a la Nación la Justicia que relama ya con angustia.

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