Educación o negocio

"Mientras los controles y las exigencias son inamovibles para los centros de educación serios, la laxitud es la norma para esas 'universidades de garaje', por lo general explotadas por familias y clanes cerrados".

Muchos años antes de que explotara el escándalo de la Universidad San Martín, los gobiernos nacionales sabían del negocio que habían montado algunos personajes, para aprovechar la necesidad de millones de personas. Lo que sí es extraño es que no se haya hecho lo oportuno para evitar que esos colombianos cayeran en la red que transforma a la educación en una trampa.Por supuesto, la necesidad principal es la de ofrecer una educación de calidad que permita mejorar la vida de los ciudadanos. En ese sentido se explica que el Estado permita el funcionamiento de las universidades y centros educativos de carácter privado, lo que ha redundado en mejorar la calidad de la enseñanza. Y no de cualquier manera, puesto que, empezando en el Ministerio de Educación existe una variedad de entidades públicas encargadas de vigilar su funcionamiento y de asegurar que la oferta de programas académicos tenga un nivel acorde con los estándares exigidos por el Estado.Sin embargo, y a pesar de esa cantidad de entidades de vigilancia y control, también es claro y público que existen cientos o miles de entidades que bajo el nombre de centros tecnológicos o de universidades aprovechan la exigencia de tener un título académico que permita escalar en las aspiraciones laborales y salariales. Es allí donde nacen las llamadas “universidades de garaje”, la forma de identificar los negocios con los cuales se enriquecen unos pocos aprovechando la necesidad de quienes ven en un cartón que certifique una carrera o un grado adicional, la oportunidad para acceder a un empleo en el sector público o en la empresa privada.Lo más impactante de ese juego, es que mientras los controles y las exigencias son inamovibles para los centros de educación serios, la laxitud es la norma para esas “universidades de garaje”, por lo general explotadas por familias y clanes cerrados. Es lo que se descubrió hace algunos años en la Universidad Autónoma del Caribe, donde se destapó un escándalo de grandes proporciones a raíz de asesinatos y muertes que permitieron conocer el despilfarro con los dineros que pagan sus estudiantes. Y ahora es la San Martín, cuya insolvencia e incumplimientos permitieron averiguar la verdad, ignorada a pesar de múltiples investigaciones y sanciones académicas.Educar y capacitar a los colombianos es una obligación. Pero ella no se cumple si lo que se ofrece son apenas cartones y constancias que no garantizan profesionales idóneos. Y no podrá concretarse jamás si no hay una exigencia seria en materia de calidad, y si no existe el rigor que impida montar negocios amparados bajo el rótulo de instituciones educativas a todo nivel. Es lo que ha sucedido en los colegios que crecen a la sombra de la mal llamada ampliación de cobertura, o en los supuestos centros de educación superior que no responden por la calidad de sus programas ni por la formación con pertinencia, idoneidad y ética. Estos son los valores que garantizan la educación como instrumento de progreso para una sociedad. Lo otro, el negocio y la estafa, es la forma de asegurar el atraso con todas sus consecuencias.