“Dura es la ley, pero es la ley”

“Dura es la ley, pero es la ley”

Diciembre 10, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"...al alcalde Petro le iniciaron un proceso en el cual ha tenido oportunidad de defenderse y aún le quedan instancias. No hay pues una sanción a sus tendencias políticas, sino y ante todo a los grandes errores que ha cometido en el ejercicio de un cargo que tiene deberes y responsabilidades. Y a los perjuicios que les causó a Bogotá y a sus ciudadanos".

En una decisión de indudables repercusiones políticas pero que está dentro de los cauces que ordena la Constitución, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas al Alcalde de Bogotá, a causa de las medidas que hace un año ocasionaron el infarto en el servicio de aseo de la Capital de la República. Los hechos que originaron la destitución se produjeron entre el 18 y el 20 de diciembre de 2012, cuando el alcalde Gustavo Petro y su Gerente de la Empresa de Acueducto pretendieron cambiar el modelo de recolección de basuras y montar una empresa que reemplazara a los contratistas privados. Ante la evidente improvisación, la ciudad de más de siete millones de habitantes vivió una crisis memorable que generó la reacción indignada de la ciudadanía y llevó al Alcalde a contratar de nuevo con las entidades particulares para superar el caos.A partir de entonces, la Procuraduría inició la actuación como representante del Ministerio Público que le ordena la Constitución, norma de normas que no hace distinción entre los alcaldes, así sean de la Capital de la República o del último de los 1.123 burgomaestres del país. Ni reconoce un fuero especial a los funcionarios frente a la potestad que tiene la entidad de control de vigilar su actuación y la de la administración pública. Todos son iguales ante la ley y todos deben respetarla y acatarla en las mismas condiciones, sin importar si son elegidos. El resultado se conoció ayer. Como ocurrió en el caso de Apolinar Salcedo en Cali o de los más de dos mil alcaldes y gobernadores que desde 1991 han sido sancionados por actuaciones que desconocen las normas y atentan contra la correcta administración de los asuntos públicos, al alcalde Petro le iniciaron un proceso en el cual ha tenido oportunidad de defenderse y aún le quedan instancias. No hay pues una sanción a sus tendencias políticas, sino y ante todo a los grandes errores que ha cometido en el ejercicio de un cargo que tiene deberes y responsabilidades. Y a los perjuicios que les causó a Bogotá y a sus ciudadanos. Como político de larga trayectoria y especializado en denunciar la corrupción y los malos manejos administrativos, el señor Petro conoce a fondo las obligaciones que tenía al asumir como Alcalde de Bogotá. De todos es conocido que él tiene intenciones de llegar al poder para cambiar el orden jurídico en Colombia y aspira a imponer sus criterios. Pero mientras lo consigue, su deber es dar ejemplo, respetar los derechos de sus gobernados, administrar con transparencia la ciudad y cumplir la Constitución que juró defender. “Dura es la ley, pero es la ley”, dice un proverbio que describe con exactitud la esencia de un sistema de gobierno donde los ciudadanos son iguales y los funcionarios le deben respeto y acatamiento a las obligaciones que asumen. Eso implica respetar el principio constitucional según el cual la Procuraduría es la responsable de vigilar la actuación de los servidores públicos, así sean elegidos. Hacer excepciones lleva a reconocer fueros inaceptables que destruyen la Democracia.

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