Despacio y buena letra

Ahora, todo indica que se quiere legislar con anterioridad para preparar un marco jurídico con vistas a un posible proceso de paz con las Farc. La pregunta es si existen esas negociaciones de que tanto se habla, y qué tan avanzadas están.

Hoy, el Congreso de la República debe dar el sexto debate para aprobar la reforma que busca integrar a la Constitución lo que se ha llamado el marco legal para la paz. Si bien la iniciativa parece tener respaldo en la coalición de gobierno, aún no está clara su conveniencia. Pretextando la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, la iniciativa pretende incluir en la Constitución la Justicia Transicional, mediante la cual se pueden suspender o perdonar conductas antisociales bajo el propósito superior de alcanzar la paz. Por paradójico que parezca, se trata de crear excepciones al poder coercitivo del Estado para en apariencia fortalecerlo hacia el futuro, en la medida en que quienes se acojan a los procesos de negociación se comprometen a terminar sus acciones criminales y a acatar las instituciones jurídicas y políticas de la Nación. Si bien la Justicia Transicional parece novedosa, hay que reconocer que no lo es en Colombia. Las normas que se expidieron para la desmovilización del M-19 y la Ley de Justicia y Paz, dan fe de las aplicaciones que se han hecho en el pasado reciente. En todos los casos fueron decisiones tomadas cuando ya existían negociaciones serias y se conocía la voluntad de los posibles beneficiarios. Ahora, todo indica que se quiere legislar con anterioridad para preparar un marco jurídico con vistas a un posible proceso de paz con las Farc. La pregunta es si existen esas negociaciones de que tanto se habla, y qué tan avanzadas están. Y si es necesario que cuando las autoridades legítimas lograron tomar la iniciativa en el combate a la violencia de la guerrilla, se les ofrezca una nueva excepción de dimensiones desconocidas. Incluso se presentan dudas desde puntos de vista tan opuestos como el del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el director de Human Rights Watch, acerca de los riesgos que presenta la propuesta como generadora de impunidad por crímenes atroces y violación de Derechos Humanos. Adicionalmente, el expresidente Uribe llama la atención sobre la posibilidad de que se abra la puerta para que los responsables de esas atrocidades puedan acceder a la política y puedan ser elegidos a cargos de representación popular.El ponente para el sexto debate ha presentado un informe profundo y completo sobre lo que es la Justicia Transicional y lo que representa para cesar el conflicto en Colombia. Lo que inquieta es que esa iniciativa se tramite sin que la Nación reciba siquiera una insinuación sobre la voluntad de paz de las Farc, y de su compromiso de respetar los Derechos Humanos y el ordenamiento jurídico. Los ataques en el Cauca, el secuestro del periodista francés Roméo Langlois y la persistencia en sus crímenes, indican lo contrario. Y mientras eso siga ocurriendo, la Nación rechazará cualquier intento por hacer excepciones que den muestra de confusión o debilidad en el propósito de lograr que el Estado de Derecho sea acatado como la única autoridad legítima en todo el país. Por eso, es mejor aguardar a que las Farc demuestren un cambio sincero que haga posible aplicar las excepciones que hoy se plantean. Despacio y buena letra es lo más aconsejable.