Desafío inaceptable

Abril 01, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Así como se está buscando la paz mediante el diálogo y la negociación con los dos grupos guerrilleros, también es imprescindible enfrentar la violencia organizada con la decisión que se requiere para imponer la ley. Ya no es aceptable que la ausencia del Estado siga generando el terror y los paros que crean desconcierto y destruyen la confianza".

Aunque parezca increíble en el Siglo XXI, un paro armado promovido por una de las organizaciones criminales más peligrosas ha causado estragos en varias regiones del país. Es el desafío que debe ser enfrentado como corresponde por las autoridades civiles y la Fuerza Pública, para evitar que triunfe la violencia que pretende imponerse a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos.Y más increíble aún es el origen del movimiento: se trata de un paro armado organizado por la banda denominada ‘el clan Úsuga’ o ‘Los Urabeños’, como respuesta a la operación que dio de baja a uno de sus principales capos, el encargado de manejar las rutas del narcotráfico en el Pacífico. Ellos se hacen llamar las autodefensas gaitanistas, y en los panfletos en los cuales divulgaron su intención dicen que es un movimiento de protestas contra la corrupción, la mala atención en salud, la crisis económica y en favor de la educación gratuita y de calidad.Nada más mentiroso. Lo que se ha producido es el desafío de una banda dedicada al narcotráfico, a la extorsión y a toda suerte de delitos, contra las autoridades y la vida civilizada. Y está afectando a todos los ciudadanos de las regiones donde se lleva a cabo, asesinando incluso a servidores públicos desarmados. No hay allí un principio noble que pueda calificarse como el ejercicio del derecho a disentir, sino un reto armado contra las instituciones que afecta a la Nación.Por eso, no es el momento para equipararlo a los grupos guerrilleros que durante cincuenta años han azotado al país. Ni es la oportunidad para plantear unos diálogos como los que se llevan a cabo en La Habana o los que se anunciaron ayer en Caracas. Lo que procede es la respuesta legítima de los cuerpos de seguridad para devolverles la confianza a los ciudadanos y para perseguir a la peligrosa banda de forajidos.Eso es lo que esperan los colombianos que viven en el Urabá, en Sucre, en Córdoba, en el bajo Cauca, regiones en las cuales la banda ha sentado sus reales. Y lo que esperan quienes en Buenaventura y en el resto del Valle han padecido los intentos de esa organización, en algunos casos exitosos, por imponer su poderío para manejar el microtráfico, desatando en muchos casos oleadas de asesinatos y crímenes execrables. Esta es la segunda vez en cuatro años que el clan realiza sus paros, por la misma razón y con los mismos métodos. Algo inaceptable para un país que tiene una Fuerza Pública fuerte y dotada para desarticular ese grupo y acabar con sus amenazas. Desafío inaceptable que no puede dejarse prosperar porque pone en duda la capacidad del Estado para mantener la tranquilidad y garantizar la vigencia de las instituciones democráticas.El país no debe llamarse más a engaños. Así como se está buscando la paz mediante el diálogo y la negociación con los dos grupos guerrilleros, también es imprescindible enfrentar la violencia organizada con la decisión que se requiere para imponer la ley. Ya no es aceptable que la ausencia del Estado siga generando el terror y los paros que crean desconcierto y destruyen la confianza.

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