Desafío a las instituciones

Diciembre 15, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Entendiendo la inconformidad del alcalde Petro y respaldando su derecho a la defensa, lo que está haciendo elude los linderos jurídicos para convertirse en un desconocimiento de la Constitución y las leyes que él juró cumplir y hacer cumplir".

Pocas veces en la historia, las instituciones de gobierno habían experimentado un desafío de las proporciones del que lleva a cabo el Alcalde Mayor de Bogotá ante la destitución de que puede ser objeto si la Procuraduría General de la Nación ratifica la sanción que le impuso. Ante ello, también puede decirse que es la hora de demostrar el acatamiento de la ley en nuestro país y el propósito de defender esas instituciones creadas por la Constitución para garantizar la vigencia de la democracia y el respeto por los derechos ciudadanos.Durante cuatro días, el alcalde Gustavo Petro ha realizado manifestaciones casi permanentes en las cuales usa la sede de la Administración Pública y el canal de televisión propiedad de Bogotá para gestar un movimiento político. Movimiento que se concentra en su rebeldía contra un proceso disciplinario y la correspondiente sanción impuesta por el Ministerio Púbico en razón a lo que considera faltas gravísimas en el desempeño de sus funciones como servidor público.Cabe agregar que si bien la sanción ya fue anunciada, el señor Petro aún no ha sido notificado, por lo que no se conoce aún su contenido completo. Pese a ello, el funcionario usa su discurso encendido para descalificar la actuación de la Procuraduría e incitar al desconocimiento del procedimiento establecido por normas que él conoce, como Congresista que ha sido. Y en lugar de usar su derecho para apelar la decisión del órgano creado por la Constitución para vigilar la actuación de los servidores públicos, promueve desde el Palacio Liévano y el Canal Capital el desconocimiento de decisiones administrativas contra las cuales existen procedimientos legales para oponerse, como corresponde a un Estado de Derecho.Además, en una calculada estrategia que está produciendo un infarto en la administración de justicia, los juzgados de la Capital de la República han sido inundados de miles de acciones de tutela para exigir la revocatoria de una decisión que aún no es acto administrativo. Y para completar, la Fiscalía General de la Nación, que no es órgano de control administrativo, toma partido y reclama a la Procuraduría que se le envíe la resolución sancionatoria que aún no le ha sido notificada al alcalde Petro.Hay pues en marcha unos hechos que se salen del marco institucional. Entendiendo la inconformidad del funcionario y respaldando su derecho a la defensa, lo que está haciendo elude los linderos jurídicos para convertirse en un desconocimiento de la Constitución y las leyes que él juró cumplir y hacer cumplir. Y flaco favor se le presta a la vida institucional que la Fiscalía tome partido y desate un conflicto entre organismos del Estado, mientras en sus propias dependencias avanzan procesos por las mismas razones, en los cuales el Alcalde de Bogotá está vinculado. Todo ello, demanda que las autoridades correspondientes aclaren a los colombianos el panorama que hoy parece incierto, sin llamar a la represión del derecho a la protesta que acompaña a los seguidores de Gustavo Petro. Lo que está en juego es la vigencia de las instituciones y las reglas de juego que rigen la actuación de los servidores públicos en Colombia.

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