Deporte y violencia

La pregunta es si puede ser posible continuar con la creencia de que sancionado a los equipos por el comportamiento de sus hinchas se soluciona un problema que en muchas ocasiones se ha extendido a las carreteras del país, causando muertes y destrucción. Y si se pueden seguir haciendo excepciones a la obligación de reprimir las conductas antisociales, a sabiendas del daño que ellas producen a las comunidades y a los derechos de la gente.

Las sanciones impuestas al América de Cali por los desafortunados incidentes del pasado domingo, han generado la reacción de muchos caleños, en especial, de quienes han sido directamente perjudicados por ellos. Sin embargo, la atención debe dirigirse a la actitud que han tomado la sociedad y el Estado frente al fenómeno de la violencia que está asfixiando al fútbol colombiano, y a la falta de soluciones. Ayer se supo que el América, uno de los equipos más populares de Colombia, recibió sanciones leves por los desórdenes, o mejor, la asonada que protagonizaron dos de su barras más representativas. La pregunta es hasta dónde es responsabilidad de esa entidad, entendiendo que al sancionarla se está enviando un mensaje a sus hinchas. Y si no es mejor prohibir que, como ha ocurrido hace muchos años, se les den condiciones especiales a quienes aprovechan el fervor que despiertan las divisas futboleras para crear organizaciones que se convierten en verdaderas amenazas contra la tranquilidad ciudadana y la seguridad pública. También es claro que en todo el país existen dirigentes que impulsan esas barras, creyendo que con ello aumentan el respaldo a los equipos. No parece ser así, a juzgar por la caída en la asistencia a los estadios, de donde se han ausentado muchos hinchas, ante el peligro que representan las barras para su tranquilidad y para su integridad personal. Por el contrario, lo que logran es ausentarlos, exponiéndose a las sanciones que impongan las autoridades deportivas y los gobiernos municipales, además de las contempladas en la ley del Deporte.Durante muchos años, el tema de las barras bravas ha sido objeto de estudios sociológicos y de propuestas para enfrentar los problemas que padecen sus integrantes, que tienen que ver con la marginalidad, las dificultades de convivencia y la necesidad de reconocimiento. Sin embargo, de esos estudios parece estar ausente la tragedia a la que están expuestos quienes viven alrededor de estadios como el Pascual Guerrero. Ellos padecen la agresión a sus propiedades y a su integridad personal, en tanto bienes públicos como el Sistema de Transporte Masivo son objeto del vandalismo destructor. La pregunta es si puede ser posible continuar con la creencia de que sancionado a los equipos por el comportamiento de sus hinchas se soluciona un problema que en muchas ocasiones se ha extendido a las carreteras del país, causando muertes y destrucción. Y si se pueden seguir haciendo excepciones a la obligación de reprimir las conductas antisociales, a sabiendas del daño que ellas producen a las comunidades y a los derechos de la gente.Aunque es explicable que tanto la División Mayor del Fútbol como el Municipio de Cali hayan decidido aplicar sanciones leves al América, no parece aceptable que se deje sin sanción a los causantes de la violencia. No se debe olvidar que además de un espectáculo de carácter privado, el fútbol es ante todo un deporte que concita a la convivencia. Y que actos como los protagonizados por las barras bravas desconocen los más elementales principios deportivos además de ser una amenaza social.