Democracia y contratos

"¿Dónde queda la obligación de defender la democracia de los carruseles de la contratación que han permitido aberraciones semejantes?".

Dentro de los temas que convocan el interés público, la corrupción y la necesidad de que el Estado asuma su obligación de combatirla hasta sus últimas consecuencias tienen prioridad. Por eso, la aprobación de un estatuto sin limitaciones que reduzcan su capacidad para contener los intentos de comprar los funcionarios debe ser reconocida como expresión de la voluntad nacional.La semana que termina fue dramática para la credibilidad de la Justicia. Ante la indecisión para traer a los señores Nule, magistrados auxiliares de la Corte Suprema debieron desplazarse a los Estados Unidos para poder realizar un careo con el senador Iván Moreno Rojas, a quien le siguen un proceso por supuesta participación en el llamado carrusel de la contratación en Bogotá. Fue un show donde desfilaron los contratistas por los medios de comunicación y se escucharon sus declaraciones. Una afrenta para el país, que no comprende cómo ahora resultan ser víctimas y no autores de uno de los peores atentados contra la decencia en la historia de Colombia. Y la Nación se sigue preguntando cómo es posible que se produzca tan bochornoso espectáculo. En forma simultánea, una emisora de la capital revelaba documentos que consignan la forma en que esos contratistas habían acordado liquidar sus negocios con claras ventajas para ellos y sin obligación alguna de responder por todas sus fechorías. Es allí cuando el país levanta su voz para exigir procedimientos rápidos que sin desconocer los derechos de los implicados permitan encontrar la verdad, perseguir a los autores y defender la majestad de la justicia.Contrasta con ese sentimiento la forma en que se adelanta el trámite del estatuto anticorrupción en lo referente a la prohibición a los contratistas con el Estado de financiar campañas de aspirantes a cargos de elección popular, cuando ya se sabe que fue eliminado el artículo en el cual se consignaba tal prohibición. Algún congresista argumentó para ello la injusticia de tal discriminación y la necesidad de “defender los derechos fundamentales de los contratistas a participar en los procesos democráticos”.Sin duda, cualquiera puede aportar a la elección de quien sea de sus preferencias. Ese principio forma parte de la democracia, en el entendimiento de que una cosa es participar en los procesos democráticos y otra muy distinta usar esa participación para favorecer intereses personales mediante la compra de campañas y candidatos, costumbre malsana que hace muchos años corrompe la política de nuestro país. En ese orden de ideas, al colombiano que nada tiene que ver con organizaciones políticas o con contratistas, deben asaltarle dudas enormes. ¿Dónde queda la obligación de defender la democracia de los carruseles de la contratación que han permitido aberraciones semejantes? ¿Cómo se le puede creer a un funcionario detrás del cual están los interesados en las jugosas prebendas estatales? ¿Quién le garantiza a la Nación que la influencia de los contratistas en los procesos electorales no volverá a ser la tronera por la cual se cuela la corrupción?Esas son las inquietudes que hay que resolver para devolverle la decencia a la actividad pública.