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Democracia y ambiente

"Lo que están acordando los países latinoamericanos no es nada diferente a aplicar los principios democráticos que los rigen, con el objetivo de preservar su riqueza natural regional, que es única y marca una de sus mayores diferencias con el resto del mundo. Al actuar en conjunto se garantizará la protección de un medio ambiente que no conoce de fronteras físicas ni políticas, mientras se evita, al menos en el papel, que posibles regímenes distorsionen los esfuerzos del continente en ese sentido".

31 de octubre de 2015 Por:

"Lo que están acordando los países latinoamericanos no es nada diferente a aplicar los principios democráticos que los rigen, con el objetivo de preservar su riqueza natural regional, que es única y marca una de sus mayores diferencias con el resto del mundo. Al actuar en conjunto se garantizará la protección de un medio ambiente que no conoce de fronteras físicas ni políticas, mientras se evita, al menos en el papel, que posibles regímenes distorsionen los esfuerzos del continente en ese sentido".

Democracia y medio ambiente deben ser un matrimonio indisoluble. Esa afirmación resume el esfuerzo que están haciendo 20 países latinoamericanos para cumplir con principios básicos y necesarios como el de los derechos a la información y a la participación para establecer las políticas que permitan hacer la recuperación ambiental que urge el Planeta.Esta semana representantes de las naciones de América Latina y el Caribe se dieron cita en Panamá para trabajar sobre un acuerdo regional, que sea vinculante para aquellos que lo firmen. Con él se aspira a definir, entre otros puntos, unos lineamientos conjuntos sobre aspectos como el acceso a la información, a la Justicia y a la participación pública en asuntos ambientales. Un proyecto piloto único, que será ejemplo para el resto del mundo.Lo que suena aparentemente tan técnico, es sencillo de explicar. Garantizar el derecho a la información significa que se les debe contar a todas las personas y a las comunidades cuáles son los proyectos o hechos que pueden impactar el medio ambiente. Y cuáles son las políticas para evitar los daños que conllevarían y en general todo lo que hace cada Estado para preservar sus recursos naturales. La idea es que quien está bien informado tiene la capacidad de saber si él o su entorno serán perjudicados. Y si debe hacerse partícipe de las decisiones que se tomen sobre el impacto que se puede ocasionar. El siguiente punto es tener unos organismos judiciales que conozcan sobre legislación ambiental y estén dispuestos a defender con presteza a los ciudadanos.Lo que están acordando los países latinoamericanos no es nada diferente a aplicar los principios democráticos que los rigen, con el objetivo de preservar su riqueza natural regional, que es única y marca una de sus mayores diferencias con el resto del mundo. Al actuar en conjunto se garantizará la protección de un medio ambiente que no conoce de fronteras físicas ni políticas, mientras se evita, al menos en el papel, que posibles regímenes distorsionen los esfuerzos del continente en ese sentido.El acuerdo, que deberá estar listo en abril del próximo año, reúne las inquietudes de la región por el daño y las consecuencias que están ocasionando por ejemplo la tala de sus bosques, los cultivos ilícitos y la minería ilegal, enemigos letales para todos los países, así como unas políticas débiles en la tarea de defender el medio ambiente. También es un impulso para educar y formar a sus pobladores, que deben ser los primeros defensores de sus recursos.Esta es una manera de anticiparse al futuro para que el desarrollo que demandan las sociedades vaya de la mano con la conservación de su naturaleza, se garantice la sostenibilidad de su población y se defienda el derecho más importante que es el de la vida, hoy amenazado por los estragos que causa el daño ambiental al que sin tregua se ha sometido al Planeta. Ojalá América Latina y el Caribe le den el ejemplo al resto del mundo y, ante todo, cumplan su meta para beneficio de la humanidad que busca objetivos distintos a proteger el ánimo de lucro.

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