Delincuencia juvenil

La crítica mayor es que no parece existir una política para frenar esa espiral que absorbe más jóvenes cada día, quienes ante la falta de guías familiares, la ausencia de valores esenciales como el respeto a la vida y la falta de oportunidades en las comunidades en la que se mueven, terminan siendo carne de cañón, explotados por quienes promueven el delito y la violencia.

Los 200 menores delincuentes que se capturan cada mes en Cali, las constantes fugas de los centros de reclusión y la falta de espacios adecuados para alojarlos, son la muestra fehaciente del fracaso o la ausencia de políticas para proteger y educar a la infancia. Por eso, ninguna entidad puede salvar su responsabilidad en una cadena de errores que desconoce los derechos de esos menores y se convierte en generadora de la violencia en las ciudades. El incremento de la delincuencia juvenil y la dificultad para recuperar de las garras del mal a las nuevas generaciones de colombianos no es sólo un asunto de policía ni se resuelve con cárceles o creando leyes que no se cumplen. Es que las políticas de protección a niños y adolescentes han fallado. De ahí que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no pueda desmontarse de sus responsabilidades, como lo ha pretendido el Director de la entidad en el Valle cuando asegura que las constantes fugas son asunto de vigilancia y reacción policiva. Al Icbf se le cuestiona que, como la máxima autoridad nacional para garantizar que los derechos de los menores de edad sean respetados, haya sido incapaz de resolver los problemas en los centros de reclusión en la ciudad. Pero, ante todo, se le reclama por su notoria ausencia en la formación y en el ofrecimiento de oportunidades que permitan superar las amenazas que rondan a los jóvenes y los llevan por el camino de la delincuencia. La crítica mayor es que no parece existir una política para frenar esa espiral que absorbe más jóvenes cada día, quienes ante la falta de guías familiares, la ausencia de valores esenciales como el respeto a la vida y la falta de oportunidades en las comunidades en la que se mueven, terminan siendo carne de cañón, explotados por quienes promueven el delito y la violencia. Ahí es donde se nota la ausencia de compromiso con ellos y se explica en parte por qué en Cali mueren 193 jóvenes cada año de forma violenta.Ya está claro que el Código para la Infancia y la Adolescencia no es suficiente para enfrentar el problema y que no existe una entidad que coordine la acción estatal y obligue a los gobiernos municipales a asumir la responsabilidad que les corresponde. Por eso, en el país se volvió normal utilizar a los niños como criminales para evadir la Justicia. Y hay que insistir en que el problema de los menores delincuentes no se soluciona solo a través de la represión y el castigo, si no anticipándose a los hechos y obligando a los padres de familia a asumir sus responsabilidades. Más que cárceles y reclusorios, Colombia reclama políticas serias que combatan las causas de la violencia juvenil que crece en ciudades como Cali. Por eso, el Estado debe entender que en la formación de los colombianos desde su primera edad y en las oportunidades que se les brinden puede estar la clave para combatir la delincuencia en los jóvenes y la necesidad de construir más reclusorios. Ahí es donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no puede eludir el reclamo de quienes le exigen que cumpla su papel en la protección de los menores.