Del dicho al hecho

La situación es digna del surrealismo. Si bien las diferencias entre los catalanes y España son históricas, parece increíble que una facción que no representa la mayoría de los votos en Cataluña haya tomado una decisión tan trascendental. Y que se descarte el diálogo con el gobierno central mientras los dos partidos que conforman la precaria mayoría no se ponen de acuerdo sobre la continuidad del presidente de la Generalitat, lo que obligará a citar nuevas elecciones.

Dando cumplimiento a su promesa electoral, las dos fuerzas que constituyen la mayoría en el Parlament declararon la independencia de Cataluña de España. Por nueve votos y a pesar de no representar la mayoría de la votación popular, los diputados de Junts pel Si y de la CUP aprobaron una resolución que inicia el proceso de separación, desencadenando un camino impredecible. La resolución es un acto subversivo porque desconoce toda la institucionalidad de España y la Constitución de 1997. Así lo está considerando ya el Tribunal Constitucional del país ibérico al admitir la demanda presentada por el Gobierno y ordenar su suspensión inmediata. Además, notificó a los 21 funcionarios más importantes de la Generalitat que podrán ser procesados como delincuentes en caso de desobedecer la orden judicial. Sin embargo, los autores de la separación se empeñan en continuar su propósito, empezando por el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell. No les importa incluso que no hayan podido lograr un consenso sobre la continuidad de Mas, quien encarna las críticas por corrupción y despilfarro contra su partido en el ejercicio del poder. Es decir, los diputados que representan la minoría de los votantes catalanes acaban de empezar una especie de golpe de Estado en España. Lo cual produce una verdadera convulsión y cierra por ahora las puertas a cualquier diálogo para superar las diferencias hasta donde sea posible. Es que con esa actitud, al presidente Mariano Rajoy no le queda alternativa distinta a plegarse a la Constitución que le ordena mantener la unidad de España como Nación. Se impone entonces la confrontación, que si bien es pacífica, no deja de ser un gran problema. En especial para el pueblo catalán, que se verá expuesto a medidas radicales si los partidos con la mayoría en su congreso se empeñan en mantener su desobediencia a la Constitución española. Así lo indica el hecho de que el Tribunal Constitucional hubiera ordenado la notificación directa y personal de su decisión a los más altos dignatarios de Cataluña. La situación es digna del surrealismo. Si bien las diferencias entre los catalanes y España son históricas, parece increíble que una facción que no representa la mayoría de los votos en Cataluña haya tomado una decisión tan trascendental. Y que se descarte el diálogo con el gobierno central mientras los dos partidos que conforman la precaria mayoría no se ponen de acuerdo sobre la continuidad del presidente de la Generalitat, lo que obligará a citar nuevas elecciones.A partir de ahora, la confrontación subirá. Hasta que se llegue a nuevas elecciones, se cite a un referendo para que los catalanes tomen la decisión sobre si se separan o no, o se produzca el diálogo que Rajoy ha eludido por lo menos hasta que se realicen las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Cualquiera que sea el desenlace, el pasar del dicho al hecho en la separación de Cataluña tendrá profundas consecuencias en las relaciones entre el centro y el resto de España.