Del dicho al hecho

La prohibición del mercurio en la actividad minera en el país que entró en vigencia esta semana, es un modelo de buenas intenciones. Lo difícil será que la norma se haga efectiva y se acabe al fin con la mayor causa de contaminación de los ríos nacionales, con efectos letales sobre la salud de los colombianos.

El 16 de julio se cumplió el plazo de cinco años determinado por la Ley 1658 de 2013 para que se dejara de utilizar ese químico en la industria minera. La reglamentación está dirigida a todo el sector, es decir a quienes cuentan con licencias ambientales y títulos de explotación expedidos por las autoridades nacionales, así como a quienes por tradición ancestral ejercen ese oficio de forma artesanal.

Como en el papel todo es posible, se creyó que dar ese plazo entre el 2013 y el 2018 para hacer la transición hacia una minería ambientalmente limpia, que causara el menor impacto a los ecosistemas y se realizara de una forma segura, era más que suficiente. Así debió ocurrir en un sistema ideal, sin embargo la realidad en Colombia es otra; lo primero que se debe reconocer es que en el país el 80% de esa actividad se hace de manera ilegal y es manejada por organizaciones criminales a las que les tiene sin cuidado cumplir las leyes.

Es esa extracción ilícita la que deposita en promedio 200 toneladas de mercurio cada año a los ríos, contaminado sus aguas, sus peces y provocando enfermedades mortales a las comunidades que viven cerca a esas fuentes hídricas y derivan sus sustento diario de ellas. Esa es la misma que dejó moribundo al río Atrato en el Chocó, la que mató al Sambingo en el Macizo Colombiano o la que afecta a los Farallones de Cali donde nacen seis de los afluentes de la ciudad.

Si se pretende hacer efectiva la prohibición del uso del mercurio hay que comenzar por detectar y desmantelar a las mafias que manejan el negocio, así como por controlar el mercado negro de ese químico que de acuerdo a las autoridades ingresa ilegalmente por las fronteras con Ecuador y Perú. El problema no se solucionará dejando de importar las 95 toneladas que al año usaban las empresas mineras tituladas, si no evitando que por debajo de la mesa entren al país varios cientos más destinadas a la minería ilícita.

Sólo si se controlan todos esos frentes se logrará el objetivo de acabar con uno de los enemigos mortales del medio ambiente en Colombia. Será entonces cuando comience la recuperación de cientos de ríos, quebradas y nacimientos de agua hoy contaminados por el mercurio, y se pueda salvar las vidas de miles de colombianos que padecen las consecuencias de todos los años en que no se hizo lo necesario para detener la extracción minera ilegal en el país.
​