Del dicho al hecho

Del dicho al hecho

Octubre 20, 2017 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Al parecer, al río Atrato sólo le queda una alternativa para sobrevivir: cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que lo declaró “sujeto de derechos”. Está por definirse cómo se garantizarán la protección, conservación, mantenimiento y restauración ordenada por el fallo.

Recurrir a la Corte fue el paso desesperado de quienes por años han visto al mayor afluente hídrico del Chocó morir lentamente debido a la contaminación y a la deforestación de su cuenca. La otra razón, incluso más importante, fueron los efectos devastadores y letales que tal situación está teniendo sobre la población ribereña, esa misma que sólo sabe vivir del río y para el río.

Se ha divulgado de forma generosa cómo diferentes organizaciones criminales han hecho presencia en la región durante las décadas recientes para apoderarse de sus tierras y explotar sus recursos naturales, lo cual ha ocasionado un daño ambiental irreparable a la región con mayor biodiversidad del Planeta. Además de miles de hectáreas de bosque tropical arrasadas, lo peor ha sido la minería ilegal, que además de cambiar el curso del mismo Atrato y algunos de sus afluentes o abrir troneras impensables en sus lechos convirtió a sus aguas en trampas mortales por cuenta de la contaminación por mercurio.

La magnitud del daño se evidencia en los resultados de los análisis hídricos y de los estudios médicos realizados a comunidades aledañas. En el año 2014 se reportó la muerte de 34 niños de la comunidad indígena Emberá por enfermedades relacionadas con el mercurio, mientras las muestras tomadas a 160 habitantes de las riberas del Atrato arrojaron que los niveles de ese elemento químico en sus organismos era de 60 puntos por millón. Basta saber que promedio máximo aceptado por los organismos mundiales de salud es de 0,50 puntos por millón.

Para revertir ese desastre ambiental y sanitario es que se debe cumplir la sentencia de la Corte Constitucional. Cuatro meses después se han acatado dos de las órdenes, la de nombrar un grupo de guardianes del río Atrato conformado por un delegado del Gobierno Nacional así como por 14 personas representantes de las siete comunidades étnicas asentadas en su zona de influencia y constituir un panel de expertos del cual hagan parte científicos, académicos y especialistas en medio ambiente. Su primera reunión, el 31 de octubre próximo, deberá definir la hoja de ruta para garantizar los derechos al afluente chocoano.

Será entonces cuando llegue la hora para saber qué se hará para preservar el Atrato, asegurar su recuperación y salvar la vida de miles de chocoanos que no tienen opción distinta a tomar el agua de su cauce y alimentarse con los peces del contaminado río. Y si existe voluntad política para detener la destrucción.

La pregunta es cómo se pasará del dicho al hecho para darle cumplimiento a un fallo que sienta precedente en el país, mientras obliga a que haya coherencia entre las políticas públicas ambientales, control a la explotación de sus recursos naturales y aplicación de la ley para frenar a quienes atentan contra la salud y la biodiversidad en Colombia.

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