Defensa de los Farallones

Junio 22, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

El asombroso despojo no fue descubierto por las autoridades creadas por la Ley 99 de 1993 para cuidar el ecosistema. Ello fue posible porque una entidad encargada de vigilar las notarías y las oficinas de registro de instrumentos públicos, vino a la ciudad a revisar los casos de falsedad con los cuales se ha tratado de robar tierras a particulares y al Gobierno.

Diecinueve años después de haber creado un sistema para preservar el patrimonio ambiental de los depredadores, la Superintendencia de Notariado y Registro descubrió 2.353 irregularidades relacionadas con la intervención del Parque Natural de los Farallones. Es el terremoto anunciado, que no parece conmover a las entidades que como la CVC y el Dagma, fueron creadas dizque para impedir la destrucción del que se supone es un santuario dedicado a la naturaleza y a la protección del medio ambiente. El asombroso despojo no fue descubierto por las autoridades creadas por la Ley 99 de 1993 para cuidar el ecosistema. Ello fue posible porque una entidad encargada de vigilar las notarías y las oficinas de registro de instrumentos públicos, vino a la ciudad a revisar los casos de falsedad con los cuales se ha tratado de robar tierras a particulares y al Gobierno. Es decir, fue un hallazgo fortuito en medio de una investigación que nada tiene que ver con el papel que deben cumplir las instituciones creadas en la que se ha calificado como la legislación más adelantada del mundo en materia ambiental. El resultado no puede ser más estremecedor: 30.764 particulares invaden el parque y las laderas de la Cordillera Occidental que corresponden a Cali. Según la Superintendencia de Notariado, en una revisión de 5.500 folios se encontraron irregularidades en 1.655 que afectan 5.700 hectáreas de las 206.770 que conforman el que se supone es el patrimonio ambiental de la capital vallecaucana. Y se detectaron 1.156 compraventas posteriores a la declaratoria de reserva forestal del parque, en 1948 y de 718 compraventas realizadas después de que los Farallones fueron reconocidos como Parque Nacional, en 1968. Por supuesto, la CVC y el Dagma, responsables del cuidado del parque, se declaran desconcertadas ante el descubrimiento. Y nada se dice sobre negociados como el del lote denominado El Rubí, que fue comprado por el Municipio de Cali a pesar de ser reserva ecológica, pagándolo a precios astronómicos. Como poco hacen para impedir la destrucción que producen las decenas de minas ilegales que destruyen el bosque y arruinan los cauces de los ríos. Y qué decir de quienes han usado entidades como el desaparecido Incora para hacerse a títulos de propiedad ilegales. O de los que aprovecharon la indolencia de muchas administraciones municipales para enriquecerse a costa del patrimonio público. Es la consecuencia de entender la autoridad como la potestad para aplicar sanciones y distribuir prebendas, y no como la misión de crear conciencia sobre la necesidad de preservar el medio ambiente para asegurar la calidad de vida de la gente. Ahora se espera que la intervención de la Superintendencia permita recuperar y sanear los títulos de unos bienes que nunca debieron ser entregados a particulares. Pero lo que debe hacerse es obligar a las autoridades ambientales de la región a cumplir el papel que la ley les asignó en la defensa del ecosistema, que empieza por crear conciencia entre los ciudadanos y termina por imponer sanciones drásticas a los depredadores.

VER COMENTARIOS
Columnistas
Publicidad