Decisiones dolorosas

Se produjo así una de las crisis más profundas de los últimos tiempos en la Fuerza Pública. Que aún no termina si se tienen en cuenta las palabras del presidente Juan Manuel Santos según las cuales “hay que actuar con severidad y contundencia contra quienes se lucran o permiten la corrupción”. Lo cual debe significar que se profundizarán las investigaciones para encontrar a los responsables de delitos contra el honor militar, el patrimonio nacional y contra la fe pública.

Seis Generales, entre ellos el Comandante de las Fuerzas Militares, constituyen el costo que ha asumido hasta ahora el Ejército por las denuncias de corrupción en la realización de contratos. Sin que ello implique que son los responsables directos de hechos que atentan contra la moral pública, su retiro es el precio político que deben asumir como cabezas de la Institución más grande e importante para el mantenimiento de la seguridad en Colombia. Con excepción del general Leonardo Alfonso Barrero, quien según el presidente de la República fue relevado de su cargo por sus referencias a la Justicia, los también generales Manuel Guzmán, Fabricio Cabrera y Jaime Reyes fueron retirados por conocer las irregularidades y no actuar a tiempo contra ellas y sus autores. Otro debió pasar a retiro para dar paso al designado comandante del Ejército. Y uno más, el general Javier Rey, había renunciado el pasado lunes, al parecer como protesta a las actuaciones del gobierno ante las revelaciones de la revista Semana. Se produjo así una de las crisis más profundas de los últimos tiempos en la Fuerza Pública. Que aún no termina si se tienen en cuenta las palabras del presidente Juan Manuel Santos según las cuales “hay que actuar con severidad y contundencia contra quienes se lucran o permiten la corrupción”. Lo cual debe significar que se profundizarán las investigaciones para encontrar a los responsables de delitos contra el honor militar, el patrimonio nacional y contra la fe pública. Por supuesto, el golpe a la credibilidad del Ejército es duro. Pero ocultar lo que ha estado ocurriendo sería peor, más destructivo y con consecuencias profundas para la disciplina y la moral de una institución compuesta por más de 200.000 personas que tiene a su cargo una de las más altas responsabilidades del Estado, la defensa de la sociedad. Más aún en momentos como los actuales, donde está en curso una negociación con el que ha sido factor determinante de la violencia contra los colombianos.Por eso hay que pensar con grandeza y criterio patriótico, reconociendo en sus justas dimensiones las decisiones del Gobierno por encima de cualquier consideración partidista. No debe ser fácil para alguien como el presidente Santos, quien como Ministro de Defensa conoció de cerca los Oficiales que hoy se retiran del Ejército, actuar de la forma en que lo hizo. Más aún cuando ellos han cumplido con su labor de manera abnegada, ofreciendo resultados que han hecho de la Fuerza Militar colombiana una Institución querida por la Nación y respetada en el contexto internacional por sus resultados contra la violencia. Lo que está claro es que se debe actuar para cortar de raíz los brotes de corrupción que ya parecen detectados y que no pueden servir para estigmatizar al Ejército. Con ello se envía un mensaje claro e indiscutible que interpreta el sentir de los colombianos: la Fuerza Pública no puede ser sujeto de conductas que además de delincuenciales destruyen la confianza en organizaciones que han sido ejemplo y motivo de orgullo para nuestra Nación.