Debate necesario

Diciembre 20, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"El Fuero y la Justicia Penal Militar son producto de la experiencia humana. Y antes que calificarlos como recursos que llevan a la impunidad, deben ser reconocidos como la decisión de sociedades como la nuestra de confiar en los oficiales".

Crece la polémica por el Fuero Militar, sin que aparezca aún el derrotero que oriente un debate necesario y sano para Colombia. Más que negar la necesidad de mantenerlo, el cuándo aplicarlo y el cómo hacerlo parece ser el centro de una discusión que reclama un escenario distinto al de la reforma a la Justicia.Durante muchas décadas, nuestro país ha debido soportar el azote de una violencia que ha obligado a usar la fuerza del Estado para desarticular las organizaciones que bajo múltiples facetas ha desafiado, y en momentos críticos ha puesto en peligro la vigencia. Pero también ha reclamado la existencia de instituciones que garanticen el uso correcto de esa fuerza y las correspondientes sanciones a los servidores públicos que abusen de ella o desvíen los propósitos que justifican la presencia de los cuerpos armados ordenados por la Constitución Nacional. La razón de ser empieza entonces por el reconocimiento de excepciones que explican la existencia de la Justicia Penal Militar, compuesta por tribunales integrados por “miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro”, según ordena el artículo 221 de la Constitución Nacional. Esa norma reconoce la necesidad de que los jueces para asuntos en los que estén involucrados militares y policías en servicio activo sean personas conocedoras del oficio y de las características propias de un actividad compleja como el uso de las armas y la toma de decisiones para salvaguardar la vida honra y bienes de los colombianos, así como la integridad del Estado. Ese no es un invento colombiano. El Fuero y la Justicia Penal Militar son producto de la experiencia humana. Y antes que calificarlos como recursos que llevan a la impunidad, deben ser reconocidos como la decisión de sociedades como la nuestra de confiar en los oficiales. Otra cosa es que la interpretación sea manipulada con intenciones políticas para sembrar la sospecha y descalificar el recto criterio de quienes se encargan de aplicar justicia por hechos acontecidos en ejercicio de la función militar.De otra parte, todos los colombianos, incluidos militares y policías, reconocen la obligación de reservar el juzgamiento de delitos atroces y todos aquellos actos que atenten contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Nada de eso ha estado en discusión, como insinúa Humans Right Watch en carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos. Por el contrario, lo que se reclama es la necesidad de precisar el marco jurídico bajo el cual se aplicará en nuestro país una institución propia de todas las naciones civilizadas. Así las cosas, y ante la importancia del tema para la tranquilidad de los militares y de todos los colombianos, la definición del Fuero Militar y la precisión de la manera en que será aplicado debe tener prioridad. Por eso es oportuno pensar en que se aparte de la discusión de la reforma a la Justicia y se presente un proyecto independiente a ser debatido en la próxima legislatura. Esa es la manera apropiada para enfrentar y tomar decisiones sobre un asunto vital para la defensa de la Nación.

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