De quién son los palos

Si la Fiscalía destapa el valor de los activos de las Farc que hasta ahora ha identificado y confiscado, o la Corte Constitucional toma una decisión sobre las normas que se expiden mediante el Fast Track, son acusadas de obstaculizar la paz. Y si se produce un incidente en el cual resulta detenido un integrante de ese grupo que después es liberado, su jefe máximo amenaza con detener el proceso de desmovilización, la base del acuerdo del Teatro Colón.

A ese grado de confusión están llegando las cosas en el proceso para terminar el conflicto. Sin duda, se han presentado demoras que pueden ser causadas por las autoridades legítimas, como lo que ha sucedido con las zonas veredales de desmovilización. También es cierto que se presentaron confusiones en la identificación de un integrante de la guerrilla, que ya fueron subsanadas.

Aunque pueda ser explicable el reclamo de las Farc sobre esos y otros hechos, esas son dificultades que pueden ser superadas si existe voluntad para llevar a término lo que se pactó con el Gobierno. Lo que causa mucho daño a la confianza que debe construirse alrededor del acuerdo es que el jefe de las Farc afirme de manera categórica que está dispuesto a aplazar la dejación de armas, a raíz de un incidente aclarado con suficiencia.

El otro aspecto preocupante es la reacción del grupo armado a las declaraciones del señor Fiscal General de la Nación sobre los bienes que deben ser confiscados a las Farc en razón a sus actividades ilegales, y sobre las medidas que tomará la dependencia a su cargo para garantizar la defensa del interés común y la protección a las víctimas de la violencia. Esa es su facultad en una democracia, además de ser una obligación como ente creado para investigar y perseguir los hechos delictuosos que afectan a los colombianos.

Igual ocurre con la Corte Constitucional. Su deber es responder por la integridad de la Constitución y, en el caso del proceso, revisar cada una de las normas que se expidan mediante los mecanismos creados para darle vida al acuerdo. Así es en un Estado de Derecho y así debe ser acatado por las partes interesadas, empezando por el Gobierno y por las Farc. Es el compromiso de respetar las instituciones.

Desde esa perspectiva, las aseveraciones del jefe de las Farc parecen una amenaza que no puede tener cabida en un proceso como el que se está produciendo, por dos razones: la primera, porque el acuerdo es una declaración de voluntad para dejar las armas y reintegrarse a la sociedad, y no para refundar el Estado. Y la segunda, porque con ello sugieren que pueden usar el argumento de retomar la violencia cada que se presente un hecho contrario a sus interpretaciones y sus deseos.

Claro que se han presentado problemas en la implementación del acuerdo al cual se llegó en La Habana. Y habrá más. Para resolverlos está la intermediación internacional y, por encima de todo, la voluntad de superarlos. Eso es lo que esperan los colombianos para rodear de confianza lo que sin duda es un paso enorme en la construcción de la paz estable y duradera.