De nuevo, Nicaragua

Hay que aclarar que antes de la nueva demanda no hay un litigio. Y que el gobierno de Nicaragua, hábil como pocos para crear conflictos y operar frente a la Corte de la Haya, lo ha inventado con propósitos que van más allá de un diferendo binacional, y pueden tocar los derechos de Costa Rica y Panamá, en caso de reconocerle la plataforma que reclama el régimen de Ortega.

En los próximos días, la Corte Internacional de La Haya iniciará las audiencias para empezar a resolver las nuevas denuncias de Nicaragua contra nuestro país. Será un proceso largo y dispendioso, que no podemos descuidar por sus consecuencias, mucho peores al fallo que pretende arrebatarle a Colombia decenas de miles de kilómetros en las cercanías de San Andrés.Comienza así otra controversia, en la que el gobierno de Daniel Ortega realiza un reclamo más audaz: que conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, se le reconozca una plataforma continental de más de 200 millas náuticas contadas desde sus costas. Y de paso, delimitar la plataforma continental de nuestro país en el mar Caribe. Todo lo cual significa que el incómodo vecino puede llegar hasta Cartagena, si el tribunal internacional falla a su favor.Como era de esperar, el Gobierno Nacional configuró un equipo de abogados y expertos para defender los intereses colombianos, incluidos reconocidos juristas internacionales. Es lo que debe hacerse, y lo que se hizo en la oportunidad anterior, por los sucesivos gobiernos que debieron atender el proceso durante once años. En ese caso es importante destacar que si bien el fallo no favoreció en su totalidad al país, se logró mantener nuestra soberanía en el Archipiélago de San Andrés y Providencia. En el caso de los Cayos, se demuestra lo extraño de un fallo que los deja aislados como un enclave en medio de aguas que adjudicó a Nicaragua.La primera excepción será la falta de jurisdicción de la Corte para fallar sobre la demanda, en la medida en que Colombia denunció el Pacto de Bogotá que reconoce la potestad del ente internacional para resolver los conflictos fronterizos. Cabe anotar que esa renuncia se debió precisamente a la insatisfacción con la decisión adoptada en el 2012, que causó menoscabo a nuestros derechos.Además, hay que aclarar que antes de la nueva demanda no hay un litigio. Y que el gobierno de Nicaragua, hábil como pocos para crear conflictos y operar frente a la Corte de la Haya, lo ha inventado con propósitos que van más allá de un diferendo binacional, y pueden tocar los derechos de Costa Rica y Panamá, en caso de reconocerle la plataforma que reclama el régimen de Ortega.Paralelo al estudio de esa nueva pretensión, Nicaragua también ha demandado a Colombia por un supuesto incumplimiento en la aplicación de la sentencia anterior. Nada cierto, por demás, puesto que lo que nuestro país exige es la celebración de un tratado que reconozca los nuevos límites que estableció el Tribunal de La Haya. Eso es lo que ordena la Constitución.Por último, y además de reclamar sumo cuidado a un proceso que puede llevar muchos años, es importante llamar la atención sobre la estrategia del gobierno de Ortega de acusar a Colombia como causante de disputas en la región. Nada más traído de los cabellos y más acorde a la costumbre de mostrarse como víctimas para lograr solidaridades. Es a ese tipo de recursos a los que hay que estar atentos para evitar una nueva y desagradable sorpresa.