De nuevo, en La Haya

El pasado miércoles, el Gobierno de Colombia compareció de nuevo ante la Corte Internacional de La Haya para responder otra demanda de Nicaragua. Aunque nuestro país se haya retirado del acuerdo de Bogotá que aceptó esa jurisdicción para resolver litigios fronterizos, hay que estar atentos para evitar otra desagradable sorpresa.

Precisamente, el retiro obedeció a una sentencia que puede calificarse extraña sobre los derechos de nuestro país en la zona comprendida en el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos a su alrededor. Aunque ratificó nuestra soberanía sobre San Andrés y sobre los cayos, luego de recibir argumentaciones claras y contundentes, el Tribunal Internacional decidió adjudicarle las aguas territoriales al incómodo vecino, dejando a Colombia el dominio sobre las islas.

Fue un fallo insólito que creó además situaciones nunca vistas y ha obligado a nuestro Gobierno a actuar en defensa de la integridad de nuestro territorio. Entre ellas estuvo la de retirarse del tratado en el cual reconocía la jurisdicción de la Corte. No obstante esa obligación se mantenía hasta un año después de la notificación oficial, plazo que aprovechó el gobierno de Daniel Ortega para interponer otra demanda aún más descabellada y basada en la llamada Convención del Mar que Colombia no firmó.

Ahora, el asunto tiene que ver con la exigencia de Nicaragua de que se le reconozca la plataforma submarina, y en consecuencia se declare su soberanía sobre un área de más de doscientas millas náuticas más allá de sus coordenadas, que puede extenderse hasta las cercanías de Cartagena. Es decir, puede producirse una verdadera revolución jurídica que además de perjudicar a nuestra Nación afectará a varios países del Caribe si la Corte reconoce ese reclamo.

En comunicado expedido el mismo día, el Gobierno Nacional informó que había presentado un documento demostrando que Colombia “tiene plena e indiscutible titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua”, aduciendo argumentos sólidos de carácter científico jurídico e institucional. Es de confiar en que en esta ocasión, los colombianos no seamos sorprendidos por actuaciones en las cuales influyen al parecer la permanencia prolongada del Embajador nicaragüense y sus amistades con la Corte.

El caso es que desde hace muchos años las reclamaciones de Nicaragua han sido motivo de polémicas constantes con sus vecinos entre los cuales está nuestro país. Y en esa forma de actuar, el apelar a la jurisdicción internacional ha sido parte importante de su estrategia expansionista. Ahora, la demanda planteada hace un año puede poner en tela de juicio los derechos de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, recurriendo esta vez a un argumento tan audaz como absurdo.

Por eso hay que estar atentos frente a lo que pueda ocurrir en La Haya. Aunque sea la última vez que la Corte Internacional de Justicia actúe en nuestros asuntos fronterizos, debemos estar dispuestos a defender nuestra soberanía de las decisiones equivocadas que, ya está demostrado, es capaz de emitir ese tribunal.