De licencias y reservas

"La polémica por la licencia ambiental para la exploración petrolera en La Macarena debería convocar a la reflexión sobre qué va a hacer con sus recursos uno de los países con mayor riqueza natural del mundo. Es a partir de ese consenso que se podrán establecer los límites a actividades que afecten el medio ambiente en Colombia".

La polémica por la licencia ambiental para la exploración petrolera en La Macarena debería convocar a la reflexión sobre qué va a hacer con sus recursos uno de los países con mayor riqueza natural del mundo. Es a partir de ese consenso que se podrán establecer los límites a actividades que afecten el medio ambiente en Colombia.Esta semana el país se polarizó por la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, de entregar un permiso de exploración de petróleos en la Serranía de la Macarena, a la empresa Hupecol. Mientras los detractores denunciaban la exposición en la que se pondría una amplia reserva ubicada entre los departamentos de Meta y Caquetá, así como el riesgo sobre ríos como el Caño Cristales, la entidad gubernamental aseguraba que la zona autorizada estaba a 68 kilómetros del lugar y no habría ningún impacto sobre esos ecosistemas.Entonces se supo de una resolución de Cormacarena expedida en diciembre del 2015, que define un plan de manejo integral para el sector y “restringe el desarrollo de las actividades de hidrocarburos, así como la construcción y adecuación vial”. Con ese argumento en mano, el Ministro del Medio Ambiente y el Presidente de la República pidieron revocar la licencia otorgada a Hupecol y se zanjó la polémica, aunque quedaron expuestas las diferencias que existen entre entidades del gobierno que deberían trabajar de forma coordinada.Otros interrogantes quedan abiertos, entre ellos cómo se adelantan los procesos para entregar las licencias ambientales por la Anla. La duda es pertinente si, como sucedió en este caso, los estudios tardan cuatro años y al final no se tienen en cuenta las decisiones tomada meses antes de entregar los permisos. A ello se suma la incertidumbre que han creado las llamadas ‘licencias exprés’, vigentes desde el 2014, para autorizar en 90 días o menos la explotación minera o de hidrocarburos en el país.Están también procesos polémicos como el de los derechos mineros entregados en zonas de páramo que siguen sin delimitarse o en partes del Amazonas que son reservas naturales. Es entonces cuando surge la pregunta más importante: ¿Qué quiere hacer un país con la segunda mayor biodiversidad del mundo, que es privilegiado en ecosistemas y tiene en sus manos la responsabilidad de ayudar a la salud ambiental del Planeta?Colombia sigue sin ser consciente de su patrimonio natural y de las posibilidades de convertirlo en importante para la economía. Las actividades más rentables no tienen que estar sólo en la minería o en la extracción de combustibles fósiles. Hay alternativas como el turismo ecológico, un área sin explorar en el país que requiere de infraestructura y de capital financiero para convertirse en otra fuente de ingresos sin necesidad de dañar o destruir su riqueza natural.Cuando se definan las prioridades en materia ambiental y se proyecten sus beneficios, será posible que nuestra Nación adquiera conciencia sobre esa riqueza, tenga unas normas claras y señale límites precisos para actividades que afectan el medio ambiente.