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De la protesta a la violencia

Un policía asesinado, siete más heridos junto con tres indígenas, y la destrucción de la carretera, es el saldo que empieza a mostrar cómo la violencia se está tomando la protesta de los indígenas en la vía Panamericana.

19 de marzo de 2019 Por: Editorial .

Un policía asesinado, siete más heridos junto con tres indígenas, y la destrucción de la carretera, es el saldo que empieza a mostrar cómo la violencia se está tomando la protesta de los indígenas en la vía Panamericana. Es el momento para pedir reflexión a los líderes del movimiento y firmeza a las autoridades para terminar con una toma que causa daño a muchos colombianos.

El patrullero Boris Benítez fue víctima de las balas disparadas desde un alto en la vereda la Agustina, sector de Santander de Quilichao. Según fuentes oficiales, los autores del asesinato fueron integrantes de la disidencia del sexto frente de las Farc lo que demuestra que están involucrados en la protesta que adelantan los líderes indígenas.
Además, es conocida la presencia de dirigentes del partido Farc, de movimientos políticos interesados en explotar la protesta que casi cada año se produce en una vía vital para la comunicación con Popayán y el sur de Colombia. Y se sabe también que, además de atravesar piedras y obstáculos, ya se están causando graves daños a la carretera, picando la calzada para acabar de interferir el tránsito y dificultar la acción de las fuerzas del orden.

La toma ya completa una semana y nada se conoce de un progreso que permita pensar en soluciones. Por el contrario, todo indica que los dirigentes de la llamada minga están dispuestos a radicalizar aún más los hechos y no ceden en exigir la presencia del Presidente de la República como requisito para entablar cualquier negociación. Es decir, ya no es una protesta social sino el chantaje total, no contra una persona o un dirigente político o público sino contra toda la Nación.

Y entre tanto, miles de agricultores y ganaderos, de empresarios grandes, medianos y pequeños, de transportadores y comerciantes, padecen las consecuencia de lo que a todas luces es un desafío al Estado de Derecho. Ellos son las víctimas y a la vez los rehenes de una actuación que sólo se explica por el convencimiento de sus promotores de que sus procedimientos en decenas de veces anteriores les han generado rendimientos.

A la zona llegaron la Ministra del Interior y el de Agricultura, además de una comisión de funcionarios de alto nivel. Por su parte, el presidente Iván Duque ha invitado a los dirigentes de la minga al palacio de Nariño, sede del Gobierno Nacional, para dialogar sobre las peticiones y las posibles soluciones. Tan grave es el desafío, que los líderes del movimiento no se han tomado el trabajo de examinar las propuestas contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por el Gobierno central y que se elevan a diez billones de pesos para las comunidades indígenas de todo el país, como debe ser.

Nada de eso ha conmovido a quienes, ya está claro, forman parte de una estrategia que pretende conseguir utilidades políticas y económicas mediante el desorden y la siembra del caos que perjudica a millones de colombianos. Esa situación es inaceptable para un país democrático. Ser generosos con la protesta social no implica que Colombia se convierta en rehén de las vías de hecho ilegales.

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