De amenaza a realidad

Lo nuevo es que los 50 túneles detectados están destruyendo las bases de la carretera que une al puerto más importante de Colombia con el interior. Con lo cual aparece otro enemigo, peligroso y destructor, a la vía que se supone debe estar concluida en los próximos años.

La minería ilegal ya no es una amenaza. Es una realidad que destruye el ecosistema de Colombia, enriquece a la guerrilla y a los grupos de violencia, y causa daños a la de por sí precaria infraestructura nacional, mientras el Estado no reacciona y crea los mecanismos eficaces para enfrentarla. El informe que publica El País hoy es más que diciente. Durante los últimos años, este diario ha divulgado imágenes que revelan el daño enorme que se le ha causado al río Dagua en Zaragoza. Y ha contado en innumerables ocasiones el drama que allí se ha producido con la llegada de miles de personas, de centenares de máquinas y de organizaciones criminales que explotan sin misericordia a quienes llegan atraídos por la ambición. Frente a eso, los esfuerzos de las autoridades se quedan cortos, y en determinados casos se denuncia la confluencia de intereses de algunos gobernantes con el ilícito y dañino negocio que se ampara en una supuesta necesidad social.Pues ahora la minería ilegal está destrozando la vía a Buenaventura, como lo muestra el informe citado. La llegada de cinco mil personas, decenas de dragas y de las organizaciones criminales amenaza con revivir el ambiente de violencia que ha dejado un número indeterminado de muertes en los últimos tres años. Lo nuevo es que los 50 túneles detectados están destruyendo las bases de la carretera que une al puerto más importante de Colombia con el interior. Con lo cual aparece otro enemigo, peligroso y destructor, a la vía que se supone debe estar concluida en los próximos años. Entre tanto, la capacidad de reacción de las autoridades para impedir el imperio de la ilegalidad parece inferior al embate de las mafias y de los grupos guerrilleros que se disputan el control de las explotaciones en Zaragoza, que se extiende ya hasta la vereda Bendiciones. Es una red de túneles donde la gente arriesga su vida por encontrar una pepa de oro, cuando no es asaltada o asesinada por quitarle lo poco o mucho que consigue. Al parecer, no existen los instrumentos jurídicos para defender el medio ambiente, para imponer el orden o, siquiera, para impedir que la minería ilegal destruya la vía más importante para el comercio internacional de Colombia. Preocupa registrar casos como el de la destrucción del Parque los Farallones que fue denunciada hace más de un año, mientras el Municipio de Cali apenas pudo cerrar las minas hace unas semanas porque las trabas legales y la falta de recursos oportunos se lo impedían. Hace unos días, el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, expresó con claridad que el nuevo enemigo de la tranquilidad y el patrimonio de Colombia es la minería ilegal, a la vez que reclamó decisiones para enfrentarla. Si alguien quiere ratificar esa verdad, le basta tomar un carro y viajar a menos de 100 kilómetros de Cali. Allí se dará cuenta de una realidad peligrosa y destructora, explotada por organizaciones criminales, que no puede seguir siendo tratada con tolerancia como un fenómeno distante del cual se alimentan familias de escasos recursos.