Daño colateral

Daño colateral

Noviembre 19, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Al final de la cadena, el mercurio termina contaminando el agua, a los peces y a las comunidades aledañas que viven de la pesca y se alimentan de lo que les da el río. Es el daño causado por un negocio siniestro que aprovecha las limitaciones de las autoridades para apoderarse del territorio nacional.

El mercurio es una bomba de tiempo para quienes viven en las riberas de los ríos afectados por la minería ilegal. Esta es otra más de las consecuencias de una actividad que acaba con los recursos naturales y amenaza la vida de los colombianos.Los resultados de un estudio realizado a comunidades que viven a orillas del río Caquetá y derivan de él su sustento, dejan pocas dudas del daño que les causa. El 94% de los 200 adultos, jóvenes y niños a quienes se les tomaron muestras presentaron niveles de mercurio hasta 23 veces superiores a los máximos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Para no tener dudas del origen, también se analizaron 46 peces, de diversas especies, edades y tamaños. Ninguno pasó libre la prueba del químico.Las causas son evidentes: la minería ilegal manejada por mafias criminales a las que no les importa nada ni nadie, y sobre la que no hay control por las autoridades. Al final de la cadena, el mercurio termina contaminando el agua, a los peces y a las comunidades aledañas que viven de la pesca y se alimentan de lo que les da el río. Es el daño causado por un negocio siniestro que aprovecha las limitaciones de las autoridades para apoderarse del territorio nacional.Caquetá es hoy el ejemplo, pero la misma realidad la viven 21 departamentos colombianos. Los del Pacífico están entre los más afectados como se hace palpable en Chocó. A mediados de este año análisis similares realizados por la Universidad de Cartagena en Río Quito, Chocó, daban cuenta de 80 casos de personas con niveles excesivos de mercurio, mientras aún se investiga si la muerte en años recientes de 37 niños emberas katío, está relacionada con la misma sustancia.Si se les hicieran pruebas a comunidades como la de Zaragoza, en Buenaventura, o las que se asientan en las riberas del río Patía, en el Cauca, los resultados podrían ser similares. Es la muestra de cómo la minería ilegal no sólo arrasa con riquezas como el oro, acaba ríos y páramos o se cobra la vida de quienes se dedican a ese oficio por necesidad y en condiciones infrahumanas. Ahora son la salud y la vida las que se deben sumar a la tragedia ambiental que esa actividad ya ha significado para el país. Para entender la magnitud, basta recordar la destrucción del río Sambingo en el Macizo Colombiano, el primero declarado oficialmente desaparecido como consecuencia de las actividades mineras ilícitas, y ahora conocer el riesgo en que se encuentran miles de compatriotas. Entonces se entiende que la lucha del Estado ha sido débil y la batalla se está perdiendo si no se cambia el enfoque.Para detener ese monstruo que arrasa todo sin contemplaciones se necesitan más que políticas o decretos. Es en el ejercicio de la autoridad y en la firmeza en el control donde están las soluciones, y ellos no se le pueden dejar exclusivamente a los municipios que no cuentan con la capacidad para hacerles frente. La Nación y el Estado en su conjunto, deben asumir la responsabilidad de velar por la protección de sus recursos naturales, de su medio ambiente y de la vida que pone en riesgo la minería ilegal.

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