Cultura ciudadana

Noviembre 28, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"...el censo elaborado por la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico de la ciudad arrojó cifras alarmantes: de las 444 vallas existentes en la ciudad, 340 son instaladas de manera ilegal, es decir, sin siquiera solicitar el permiso respectivo. Ninguno de esos avisos paga impuestos, y hay empresas que deben hasta $500 millones en tributos".

Dentro de los problemas que ha padecido Cali en su espacio público, el de la proliferación de vallas ilegales es quizás el más notorio por su impacto visual tanto como por el efecto de indisciplina y desafuero que produce dentro de los comportamientos sociales. Por eso, las decisiones de la Alcaldía sobre la materia son necesarias para poner orden y defender los espacios comunes a todos los caleños. Por supuesto que es imposible negar la instalación de vallas y avisos que le dan vida a las ciudades, siempre que respeten las normas ambientales y cumplan sus obligaciones económicas con los municipios. Es el fenómeno que se vive en las ciudades importantes del mundo, donde la publicidad bien administrada le da vida al ambiente. Eso ocurre cuando las administraciones públicas asumen el deber de manejar el espacio común, conciliando el interés general, la preservación del medio ambiente y la protección del patrimonio urbano con los intereses económicos de los particulares. Eso es precisamente lo que no ha ocurrido en Cali en las últimas décadas, cuando los propietarios de los avisos aprovecharon la indiferencia y la tolerancia extraña de gobernantes que por lo menos se hicieron los de la vista gorda ante la grosera invasión de la contaminación visual producida por multitud de vallas. A pesar de existir legislaciones claras sobre el asunto, éstas fueron desconocidas por la instalación de vallas sin control y la consecuente evasión de impuestos o la burda defraudación de los servicios de energía que no pagaban los propietarios de esos avisos. Se llegó entonces a la asociación con propietarios de predios y casas de habitación que permitieron la instalación de enormes estructuras para eludir las normas. Y se presentaron abusos como el de colocar en una de ellas hasta cuatro vallas simultáneas. Una burla a las normas, que convirtió el paisaje de Cali en una absurda feria que ofendía el espacio visual de sus habitantes, un mal ejemplo de lo que ocurre cuando el afán de lucro aprovecha la tolerancia para violar los principios del comportamiento ciudadano. Ahora, el censo elaborado por la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico de la ciudad arrojó cifras alarmantes: de las 444 vallas existentes en la ciudad, 340 son instaladas de manera ilegal, es decir, sin siquiera solicitar el permiso respectivo. Ninguno de esos avisos paga impuestos, y hay empresas que deben hasta $500 millones en tributos. Además, muchas de ellas desconocen los límites en el tamaño que establecieron las autoridades y la prohibición de invadir zonas residenciales y ambientes que son protegidos por su interés histórico, arquitectónico o paisajístico.Por eso es bien recibida la decisión de proteger el espacio público. Ya era hora de poner orden a una actividad que debe tener límites y debe pagar las contribuciones fijadas por las leyes y las normas municipales. Con ello, además de imponer autoridad, de combatir la ilegalidad y la evasión, se está dando un mensaje claro sobre la obligación de adecuar los comportamientos ciudadanos a las exigencias del interés común.

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