Crisis por resolver

Crisis por resolver

Mayo 07, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Todo lo cual se resume en una frase: la ausencia de una política criminal que empiece por evaluar quién debe ser sujeto de una detención, que pase por ofrecerle posibilidades de rehabilitación y termine por brindarle formas de reintegrarse a la sociedad y no de regresar a la delincuencia. Eso debería ser parte principal de un Estado de Derecho como el nuestro.

Uno de los debates más necesarios para Colombia y más aplazados es la situación de las cárceles y los internos. Sin embargo, y pese al drama que a diario se destapa en los centros de reclusión, no parece despertar el interés por resolver una crisis en la cual están envueltos la seguridad de los colombianos y los derechos de los detenidos como seres humanos. Ante la insensibilidad que muestran algunos sectores oficiales sobre las cárceles y centros de reclusión, ya parece inútil insistir en la obligación del Estado de ofrecer una solución adecuada al problema. Que como lo dijo el Director del Instituto Carcelario y Penitenciario, Inpec, no es sólo un asunto de meter a la cárcel a todo el que delinque, sino también de evitar que los sitios de reclusión se conviertan en escuelas del delito donde impera la fuerza y se crea una especie de tierra de nadie donde campean la corrupción y las mafias que subordinan a los detenidos. Por supuesto que la superpoblación es uno de los grandes dramas, causado en gran parte por el aumento de la eficacia en la persecución de la delincuencia. Es paradójico entonces que mientras se redobla el pie de fuerza de la Policía y se le dota de mejores recursos que le permiten éxitos significativos, los internos entren en una vida donde sus derechos son amenazados. O, como ocurre con los menores infractores, los jóvenes caigan en una especie de tierra de nadie, sin que exista una directriz clara para ayudarles a reconstruir sus vidas. Todo lo cual se resume en una frase: la ausencia de una política criminal que empiece por evaluar quién debe ser sujeto de una detención, que pase por ofrecerle posibilidades de rehabilitación y termine por brindarle formas de reintegrarse a la sociedad y no de regresar a la delincuencia. Eso debería ser parte principal de un Estado de Derecho como el nuestro. Lo que ocurre hoy es lo contrario, porque las cárceles están atestadas y mezclan a acusados con condenados; los derechos humanos son desconocidos por el hacinamiento y muchos no deben estar en las cárceles por cuanto ya pagaron sus condenas o simplemente son inocentes. Semejante drama no encuentra dolientes, salvo los reclamos casi desesperados de las autoridades carcelarias o una que otra declaración de la Ministra de Justicia. Por lo cual, medidas como la detención domiciliaria son desacreditadas por los abusos que de ella se hacen o por la falta de controles efectivos. Y en tanto, el Inpec es una densa maraña de sindicatos y problemas, donde las acusaciones a los directores de cárceles por malos manejos son tema diario y la ausencia de recursos contrasta con el crecimiento de una crisis enorme donde se compromete la justicia y se desconoce el principio fundamental de servir como vehículo para resocializar al delincuente. En cualquier sociedad democrática y civilizada, lo que ocurre con las cárceles en Colombia recibiría el rechazo y el reclamo que obligue a las instituciones a resolver lo que allí tiene lugar. Antes que huecos negros donde se arrojan a quienes cometen faltas y donde se reproducen o perfeccionan las conductas criminales, esos deben ser lugares para recuperar a los ciudadanos.

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